Si es que no podía haber peor escenario para el mundial tras la caída de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora el congreso local gesta una iniciativa que comenzó con buenas intenciones, buscando prohibir que las fichas de búsqueda sean retiradas, pero que ahora esconde entre sus dictámenes que eso tan sólo aplicaría en zonas permitidas para tales volantes.
En Jalisco, las familias que buscan a sus desaparecidos han optado por el silencio tras la turbulencia provocada por las operaciones contra el CJNG. No han dejado de buscar, pero la arena digital y los espacios cerrados son el lugar seguro ante el contexto que les ha obligado a replegarse.
El Estado se sumergió en una mezcla de violencia contenida, rumores y miedo que no se disipa con comunicados oficiales. Los colectivos han suspendido búsquedas, declaraciones y apariciones públicas. Pero el riesgo no proviene únicamente de los grupos criminales. De hecho, las familias buscadoras han advertido la forma en la que el gobierno sistemáticamente obstaculiza sus búsquedas. Lo que era abandono y omisión, dejarles solas, ahora es de plano, prohibición.
En el Congreso local se discute una iniciativa que nació el propósito de impedir que las fichas de búsqueda que las familias colocan en plazas y espacios públicos fueran retiradas, como ocurre con frecuencia. Sin embargo, el dictamen fue modificado sin consenso y ahora plantea delimitar, y en algunos casos prohibir, los lugares donde esas fichas pueden exhibirse. Lo que comenzó como un intento de protección terminó convirtiéndose en una posible herramienta de restricción. El contexto es el mundial de futbol, los partidos que se jugarían en esa tierra y la idea de blanquear las paredes para mostrar un rostro que no existe a los visitantes. No quieren que los turistas sepan que justo en aquellos estadios han encontrado fosas y probablemente, este texto deba ser escrito en inglés porque el nivel de silencio que se pretende imponer con esta medida es cercana a borrar la crisis que se vive en Jalisco.
Un diputado independiente, Alejandro Puerto, quien solía militar en Morena, reconoció públicamente en el canal de noticias de la Universidad de Guadalajara que la modificación alteró el espíritu original de la propuesta y que ni siquiera los propios legisladores advirtieron el alcance del cambio hasta que los colectivos señalaron su gravedad. La nueva redacción establece espacios “permitidos” y “prohibidos” para visibilizar a los desaparecidos. Es decir, regula el derecho a buscar, impone zonas de silencio y lejos de generar un ambiente de paz para el desarrollo de la máxima fiesta deportiva de los pamboleros, construye un espacio de hostilidad contra las familias buscadoras que además de ser aguerridas como única forma de poder hacer lo que hacen, acumulan reclamos legítimos contra la violencia institucional a la que los distintos niveles de gobierno les ha sometido. Si es que han sobrevivido o resistido al narco, lo harán, por supuesto, ante este tipo de medidas y seguramente si lo que se busca es silenciarles, encontrarán otros caminos como las protestas para hacerse notar.
Para las familias, el problema no es nuevo. Desde hace años acuden a fosas cuya ubicación reciben de manera anónima. Van sin acompañamiento efectivo de fuerzas federales, armadas apenas con picos y palas. Han sufrido secuestros, amenazas y ataques directos. Hoy, aunque la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene cierto nivel de atención institucional, denuncian la ausencia de respaldo operativo por parte de la Guardia Nacional o la Sedena. La llamada “normalidad” que el gobierno estatal afirma estar recuperando no coincide con la percepción de quienes siguen excavando.
La crítica es frontal. Sostienen que el discurso oficial parece más orientado a tranquilizar a la FIFA y a inversionistas potenciales que a las familias que viven la crisis. La prioridad, dicen, no debería ser la imagen internacional de Jalisco, sino la seguridad y la verdad.
Esto recuerda a la parábola de los puentes bajos construidos por Robert Moses en Nueva York, cuyo gálibo bajo en autopistas escénicas (parkways), particularmente en Long Island, restringía el acceso de transporte público y autobuses, utilizados con mayor frecuencia por personas de bajos ingresos y minorías raciales, a playas como Jones Beach.
Jalisco busca construir legislativamente una exclusión contra las familias buscadoras, que aunque no les prohibe buscar, identifica la infraestructura turística como espacios libres de ficha de búsqueda, lugares donde no existen personas desaparecidas. Los puentes bajos de Moses son un ejemplo de infraestructura excluyente con sesgo racial, destinada a limitar el acceso a espacios públicos mayoritariamente blancos pero la iniciativa del congreso jaliciense aspira a tener infraestructura de “paz” o silencio para los asistentes al mundial, que por razones de clase y costo de acceso a estadios en este tipo de eventos, beneficiara principalmente a blancos, extranjeros y personas pertenecientes a cierta clase social, ante cuyos ojos, la desaparición forzada no debería ser distractor de tan lúdico viaje, menos un vehículo para la conciencia y ni siquiera mencionar de una alerta que les haga sentir inseguros o con la idea de probabilidad de su propia desaparición. Y es que al ver la cantidad de fichas de personas desaparecidas en paredes o plazas públicas, suele haber un viaje interno que cuestiona la seguridad propia, que hace investigar en términos de probabilidad las razones por las que quien está mirando las fichas podría ser la excepción a esa regla o la manera en la que nuestro rostro ocuparía esas fichas y nuestras familias, esas plazas pidiendo recuperarnos.
En el fondo del problema está el narcotráfico. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido uno de los principales responsables del incremento alarmante de desapariciones en la entidad, su bastión territorial. Su estructura ha consolidado una estrategia de reclutamiento de menores y jóvenes de entre 10 y 19 años, un grupo etario cuyas cifras de desaparición han crecido entre 63% y 72% anual. El crimen organizado no solo controla territorios sino que captura vidas para que la estructura siga funcionando.
Así, en Jalisco, las familias enfrentan una doble tensión: la amenaza del narco y la burocracia que limita su visibilidad. Pero mientras el Estado habla de estabilidad, ellas siguen contando ausencias y estos esfuerzos por desplazar el problema hacia las periferias tan sólo agrava la ya de por sí desgastada relación institucional entre víctimas, familias buscadoras y gobierno.
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