El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero García, presentará al pleno un proyecto que podría otorgar facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar el bloqueo de contenidos en internet, en un caso relacionado con la empresa Totalplay, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
El asunto será analizado el 9 de abril, la misma fecha en la que la Corte también discutirá si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede revisar o no las cuentas financieras del empresario.
Caso Totalplay: origen del amparo contra facultades del IMPI
El caso inició cuando diversas empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos sitios de internet. Según las denuncias, el servicio era provisto por Totalplay.
En un primer momento, la empresa aceptó cumplir con la orden emitida por la autoridad; sin embargo, posteriormente interpuso un amparo para impugnar las facultades del IMPI.
Totalplay argumentó que la capacidad del instituto para ordenar el retiro de películas o bloquear páginas web podría vulnerar la libertad de expresión y el acceso a la información, al considerar que bloquear sitios completos sería una medida desproporcionada.
Juez federal ya negó el amparo a Totalplay
En enero de 2025, un juez federal rechazó el amparo presentado por Totalplay al considerar que las autoridades sí pueden ordenar este tipo de medidas para proteger los derechos de autor.
La resolución sostuvo que estos derechos pueden limitar la libertad de expresión cuando se busca proteger los derechos de terceros.
Para sustentar la decisión, se citaron las jurisprudencias 25/2007 y 26/2007, en las que la Corte estableció que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información no son absolutos, ya que deben ejercerse respetando el orden público y los derechos de otras personas.
¿Qué pasará si la SCJN falla contra Totalplay?
Si el pleno de la SCJN aprueba el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, se negaría definitivamente el amparo solicitado por Totalplay, al concluir que los argumentos de la empresa no desvirtúan la sentencia inicial y que la norma impugnada es constitucional.
En ese escenario, el caso regresaría al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que originalmente conoció del asunto, para resolver únicamente cuestiones de legalidad pendientes, relacionadas con la actuación del IMPI y el derecho de acceso a internet.