En la opinión pública ha hecho eco el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Tras las declaraciones iniciales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco, en el momento de su intervención tras su confirmación como cabeza de la diplomacia mexicana, aseveró que el dicho comité se había extralimitado en su interpretación. Se equivoca.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas lee a la letra:
“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
En otras palabras, en contraste con las palabras de Velasco, el comité, en su texto, no redefinió el término de desaparición forzada, sino que se limitó al concepto internacionalmente aceptado y plasmado en el derecho y en la jurisprudencia de las Corte Penal Internacional.
Por el otro, conviene recordar que Juan Pablo Albán, presidente del comité, respondió a los comentarios del gobierno mexicano argumentando que el informe no solo comprendía el periodo de adminstraciones anteriores, sino que se extendía hasta el momento actual. Lo que ha echado para abajo cualquier argumento de politiquería propio de los voceros del obradorismo que busca sacudirse el impacto provocado por las revelaciones hechas por el grupo de expertos.
La motivación de Velasco ha sido muy clara: atender las instrucciones de la presidenta Sheinbaum. Desafortunadmente, las prioridades del gobierno no parecen dirigidas a comprender la profundidad de la problemática. Como ha quedado claro, los trabajos del comité no estuvieron dirigidos a golpear a un régimen, sino simplemente, a cumplir con su responsabilidad de dar a conocer el estado de la realidad, y a partir de ello, promover la colaboracion del Estado en cuestión y los organimos internacionales.
El inicio de la gestión del canciller Velasco ha sido sobremanera desafortunado. Se ha pintado a sí mismo como un funcionario sin oficio ni estatura, ni conciencia de su responsabilidad, y simplemente plegado a los intereses de un régimen que está dispuesto a cualquier artilugio de manipulacion para salvar su discurso y lavarse la cara frente a la nación mexicana.
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