La historia no empezó con el accidente. Empezó antes con los desesperados esfuerzos de la oposición por encontrar aliados que les ayuden a revertir su decadencia aunque sean extranjeros.
Chihuahua es un estado marcado por la disputa territorial del crimen organizado y por la presión constante de la frontera con Estados Unidos, ahí la narrativa de “cooperación” en seguridad no es nueva. Lo que sí es extraordinario y jurídicamente explosivo es lo que, según distintas versiones, ocurrió en Chihuahua bajo el gobierno de María Eugenia Campos.
Dos hombres ingresaron al país. Uno con pasaporte diplomático, otro como turista. No eran turistas. Tampoco diplomáticos en funciones ordinarias. Eran agentes de la Central Intelligence Agency con experiencia operativa. Venían, presuntamente, a participar en tareas de inteligencia y seguridad en territorio mexicano. No deben ser los únicos pues de ellos supimos debido a que perdieron la vida.
Nada de eso es menor. La presencia de agentes extranjeros no es un asunto de discrecionalidad política local y no cabe dentro del esquema federalista, no es parte de atribuciones que puedan tomar las entidades deliberadamente. Es, por diseño constitucional, una cuestión de soberanía nacional.
Días después, un operativo en la Sierra Tarahumara desmanteló un gran narcolaboratorio vinculado al Cártel de Sinaloa. El golpe fue presentado como un éxito. Hasta ahí, la historia oficial.
Pero en el regreso, un accidente automovilístico deshizo el guion. En el vehículo viajaban mandos policiales de Chihuahua… y los dos estadounidenses. Murieron en el lugar mientras Donald Trump se adelantaba al pedir compasión por lo ocurrido. Fue entonces cuando la operación dejó de ser un logro y se convirtió en un problema.
Los uniformes que portaban, de la Agencia Estatal de Investigación, no eran suyos. Porque su presencia no había sido informada públicamente. Y, más grave aún, porque el gobierno federal aseguró no haber autorizado ni siquiera conocido su participación.
La pregunta ya no era qué se había desmantelado en la sierra, sino quién había permitido que eso ocurriera así. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara en dos puntos clave: la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas de la Federación. No de los estados. No de los gobernadores. Es un principio estructural.
La Ley de Seguridad Nacional refuerza esa lógica: cualquier interacción operativa con agentes extranjeros debe pasar por controles federales estrictos, que incluyen autorización, supervisión y delimitación de funciones. No es opcional.
Permitir o facilitar que agentes de inteligencia de otro país operen en territorio mexicano sin ese marco no es cooperación sino que es una violación directa al orden constitucional.
Dependiendo de la interpretación y de los hechos que se acrediten, puede escalar a algo más grave: responsabilidades administrativas, juicio político e incluso la discusión sobre delitos contra la seguridad de la Nación.
Desde el entorno de la gobernadora se ha sugerido que la coordinación podría ampararse en acuerdos previos con autoridades estadounidenses, como el firmado con Greg Abbott en 2022.
El problema es que ese argumento no resiste un análisis básico.
Los estados mexicanos no tienen competencia para celebrar acuerdos internacionales en materia de seguridad. Pueden coordinarse, sí, pero dentro de los límites que fija la Federación. No pueden sustituirla.
Intentar justificar una operación de inteligencia extranjera con un memorándum estatal es, en términos jurídicos, como intentar validar un tratado internacional con un contrato local. No es la misma liga. No produce los mismos efectos.
Si los agentes entraron con documentos oficiales, uno incluso con pasaporte diplomático, alguien sabía. Si portaban uniformes locales, alguien autorizó. Si participaron en un operativo, alguien coordinó.
En ese nivel, la ignorancia no es una defensa creíble. Es, en el mejor de los casos, una admisión de falta de control. En el peor, una confirmación de que la cadena de mando operó al margen de la ley. El debate público ha intentado reducir el episodio a una disputa política o a un exceso de reacción federal frente a un operativo “exitoso”. Es una lectura conveniente, pero incompleta.
El punto no es si el laboratorio fue desmantelado. El punto es bajo qué reglas se hizo. En un Estado de derecho, los resultados no legalizan los procedimientos. Al contrario: los procedimientos son los que dan legitimidad a los resultados.
Lo que sigue no es automático. Un eventual proceso contra la gobernadora requeriría mayorías políticas, pruebas sólidas y voluntad institucional. Pero el precedente ya está sobre la mesa.
Si se normaliza que autoridades locales gestionen por su cuenta la intervención de agencias extranjeras en operativos de seguridad, el país no solo pierde control operativo. Pierde algo más delicado: soberanía, federalidad, supremacía constitucional y la capacidad de decidir, por sí mismo, quién actúa dentro de su territorio y bajo qué condiciones.
Más que un escándalo, es una línea que la ley mexicana nunca ha permitido cruzar.
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