En el municipio de Chihuahua parece que la reacción institucional siempre llega tarde, como si la tragedia fuera el detonante obligado para que la autoridad se sacuda la inercia. Tras el reciente incendio en una recicladora, el alcalde Marco Bonilla anunció que ahora sí se realizarán inspecciones para verificar permisos y condiciones de seguridad en este tipo de empresas. Ahora sí se revisará lo que debió estar revisado desde hace mucho tiempo. Ahora sí se pondrán a trabajar en lo que, por responsabilidad, tendría que haber sido una constante y no una respuesta a la emergencia. La instrucción incluye a Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil y Bomberos, enfocándose en negocios que manejan materiales altamente flamables, particularmente en zonas como Granjas del Valle, Granjas de Chihuahua y la colonia Aeropuerto.
Pero el fondo del problema no es la inspección anunciada, sino la evidencia de que las cosas lamentables siguen ocurriendo cuando no deberían. En Chihuahua existe una Dirección de Protección Civil que, a juzgar por los hechos, luce ausente, rebasada o simplemente incapaz de cumplir con su función preventiva. Y es inevitable traer a la memoria a Virgilio Cepeda, referente de la protección civil en el estado, cuya entrega y profesionalismo contrastan con la realidad actual; si viviera, bastaría observar la situación para que la indignación lo consumiera nuevamente. Lo que hoy se presenta como una acción correctiva debería ser, en realidad, la base de un sistema que funcione antes de que el riesgo se convierta en desastre. Aquí no se trata de reaccionar, sino de evitar que la historia se repita.
Ahora resulta que el tan cacareado relleno sanitario de Mápula ya tuvo su audiencia, ese proyecto que el Municipio defendió como si fuera la solución definitiva a la crisis de la basura. Y sí, ya pasó el trámite… pero lo importante no es eso. Lo importante es que ahora hay que esperar 90 días para que una jueza diga si procede o no. Noventa días. Tres meses más de incertidumbre en una ciudad donde la basura no espera, no se pausa y mucho menos entra en procesos judiciales.
Mientras tanto, el alcalde Marco Bonilla juega a dos bandas: por un lado insiste en Mápula, por el otro ya deja correr la versión de que siempre sí podría haber un nuevo relleno o hasta una planta recicladora. Es decir, el plan B… que suena peligrosamente a improvisación.
Porque aquí no hay que perder de vista algo esencial: el tiempo político no perdona. A mediados de 2027 —o incluso antes— Bonilla tendrá que dejar la alcaldía si quiere meterse de lleno a la carrera por la gubernatura. Y la pregunta es brutalmente simple: ¿con qué carta va a jugar si no puede resolver ni el problema más visible y cotidiano de la ciudad?
La basura no es un tema menor. Es el termómetro más básico de cualquier administración. No hay narrativa, discurso ni estrategia de comunicación que maquille montañas de desechos o un relleno colapsado. Y peor aún: este no es un problema nuevo. Es una promesa reciclada desde 2021, cuando Bonilla llegó por primera vez al cargo con la bandera de modernizar el manejo de residuos. Han pasado años, discursos, boletines… y el problema sigue oliendo exactamente igual.
Y aquí es donde la memoria empieza a incomodar.
Porque Chihuahua ya vivió este cuento. Allá por 2005, el entonces alcalde Juan Blanco también prometía una planta recicladora junto al relleno sanitario. Sonaba moderno, ambicioso, casi visionario. ¿El resultado? Un desastre administrativo, acusaciones de fraude y un final que terminó en tribunales y cárcel. Un precedente que no debería tomarse a la ligera, pero que parece más bien una advertencia ignorada.
Hoy, el riesgo no es solo técnico o ambiental. Es político. Porque si Mápula no se concreta, si la planta recicladora se queda en PowerPoint, si los 90 días se convierten en otro pretexto… entonces la narrativa de eficiencia se desmorona.
Y en política, cuando se cae la narrativa, lo demás viene en cascada.
Bonilla todavía está a tiempo, pero el margen se le está cerrando. Ya no bastan anuncios, ni renders, ni promesas recicladas con distinto nombre. La ciudad no necesita más proyectos en proceso: necesita resultados. Tangibles. Urgentes. Funcionando.
Porque si no resuelve la basura, difícilmente va a poder convencer a alguien de que puede gobernar todo un estado.
Y la pregunta final, la que nadie en su equipo quiere responder en voz alta, sigue flotando en el aire:
¿De verdad cree que se puede aspirar a la gubernatura con un tiradero político sin resolver?
La narrativa oficial vuelve a girar sobre el mismo eje: “no hay pruebas suficientes”. Así lo expresó Ulises Lara al fijar postura sobre las solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. El mensaje es claro: la Fiscalía General de la República no concederá ninguna extradición sin elementos probatorios contundentes y, mientras tanto, abrirá su propia investigación. Sin embargo, más allá del discurso técnico y legal, lo que queda en el ambiente político es una sensación repetida: el Estado mexicano se parapeta en los requisitos jurídicos mientras el escándalo crece a nivel internacional, luego de acusaciones formales desde Estados Unidos que apuntan a presuntos nexos con el crimen organizado.
Pero esta declaración de Ulises Lara, lejos de generar confianza, provoca escepticismo e incluso risa entre amplios sectores de la sociedad. En México se ha vuelto casi predecible el guion: se cuestiona la falta de pruebas, se abre una investigación interna y, al final, todo se diluye. Pocos creen que el caso escale realmente a consecuencias de fondo, y menos aún en estados como Chihuahua, donde la percepción es que la justicia se aplica con criterios políticos. El antecedente de Javier Corral sigue fresco: decisiones que, para muchos, significaron librarlo de responsabilidades y romper acuerdos de colaboración con autoridades estatales. Bajo ese contexto, la postura de la FGR no se interpreta como rigor legal, sino como una ruta conocida hacia la exoneración. Porque en un país donde la desconfianza institucional es alta, no basta con decir que no hay pruebas; el verdadero problema es que cada vez menos mexicanos creen que se quieran encontrar.
About the Author
