Dos funcionarios de Sinaloa señalados por EU suenan en Morena para elecciones 2027
En un giro que mezcla política electoral y justicia internacional, dos de los funcionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico figuran como aspirantes a la gubernatura de Sinaloa en las elecciones 2027.
Se trata del senador Enrique Inzunza Cazarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes aparecen como punteros en la encuesta MetricsMx.
Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador enfrentan acusaciones de conspiración y sobornos ligados al Cártel de Sinaloa, con penas que podrían alcanzar cadena perpetua.
Punteros en encuesta de MetricsMx bajo la sombra del fentanilo
De acuerdo con la encuesta de MetricsMx realizada a finales de febrero de 2026, tanto Enrique Inzunza Cázarez como Juan de Dios Gámez Mendívil registran un 8.0% de las preferencias electorales, situándose en un empate técnico en el segundo lugar de los aspirantes morenistas, solo detrás de la senadora Imelda Castro.
Este posicionamiento ocurre mientras la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los señala como piezas clave en una red de corrupción y narcoterrorismo.
El expediente judicial de Estados Unidos detalla acusaciones graves que contrastan con las carreras políticas de Inzunza y Gámez:
- Enrique Inzunza Cazarez: El actual senador y exsecretario general de Gobierno es acusado de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras. Se le señala de haberse reunido con líderes del cártel para acordar planes de protección gubernamental a cambio de favores políticos que ayudaran a los funcionarios a mantenerse en el poder.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: El alcalde de Culiacán es acusado de recibir sobornos mensuales de más de 10,000 dólares del Cártel de Sinaloa. A cambio, habría permitido que la organización criminal operara en la capital sinaloense sin interferencia gubernamental, protegiendo sus cargamentos y evitando la detención de sus miembros.
De ser extraditados y hallados culpables en los Estados Unidos, Inzunza y Gámez enfrentan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
A pesar de estas acusaciones, en el ámbito local, el gobernador Rubén Rocha Moya ha defendido a su equipo, calificando los señalamientos como un “ataque a la Cuarta Transformación”.
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