La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejecutar, por ahora, la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como del senador Enrique Inzunza y otros funcionarios estatales señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El anuncio, que introduce un nuevo matiz en la cooperación bilateral en materia de seguridad, fue realizado por Raúl Jiménez, titular de la Fiscalía de Control Competencial. El funcionario subrayó que la solicitud enviada por el gobierno encabezado por Donald Trump carece de elementos suficientes para justificar una acción inmediata en territorio mexicano.
De acuerdo con la FGR, el requerimiento estadounidense no constituye una solicitud formal de extradición, sino un pedimento de detención provisional con fines de investigación. Bajo ese marco, la autoridad mexicana consideró que no existen condiciones legales para proceder, al no acreditarse ni la urgencia ni la existencia de pruebas que sustenten la medida cautelar.
“En el pedimento no hay fundamento ni evidencia que permita apreciar la urgencia de la detención”, explicó Jiménez, al detallar que la revisión preliminar del expediente tampoco arrojó indicios que acrediten la probable comisión de delitos que ameriten una intervención inmediata.
Tensiones en la cooperación judicial
La decisión ocurre en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre México en el combate al narcotráfico, particularmente en torno a las operaciones del Cártel de Sinaloa y presuntos vínculos de actores políticos con estructuras criminales.
El posicionamiento de la FGR marca una línea clara respecto a los estándares probatorios exigidos por el Estado mexicano para atender solicitudes internacionales, al tiempo que evidencia las diferencias en los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.
Silencio de los señalados
Hasta el cierre de esta información, ni el gobernador Rocha Moya ni el senador Inzunza han fijado postura pública sobre el señalamiento ni sobre la determinación de la FGR. En tanto, el gobierno federal no ha confirmado si Estados Unidos presentará en los próximos días una solicitud formal de extradición o ampliará la información con nuevos elementos probatorios.
El caso se mantiene abierto y podría escalar dependiendo de la respuesta del gobierno estadounidense, en un momento clave para la relación bilateral en materia de seguridad y justicia.
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