En el marco del Día Internacional del Trabajo, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la entrada en vigor de una serie de reformas que buscan reconfigurar de fondo las condiciones laborales en el país, marcando —según el propio Ejecutivo— el inicio de una nueva etapa en la relación entre Estado, trabajadores y sector productivo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria firmó los decretos que formalizan la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales y la creación del Certificado Laboral de Agroexportación, una medida orientada a garantizar estándares laborales en cadenas productivas vinculadas al comercio exterior, particularmente en el sector agrícola.
Acompañada por el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños López, así como por líderes sindicales, Sheinbaum sostuvo que estas acciones consolidan un viraje frente a décadas de políticas laborales restrictivas. “Se coloca al trabajador en el centro del modelo económico”, afirmó, al subrayar que la llamada “primavera laboral” busca ser una política de largo plazo.
Reforma estructural con impacto gradual
Uno de los ejes centrales del anuncio es la implementación progresiva de la jornada de 40 horas hacia 2030, una medida que, de concretarse plenamente, impactaría a cerca de 14 millones de trabajadores. El gobierno ha planteado que este cambio se realizará de manera escalonada para evitar afectaciones abruptas en la productividad y en sectores empresariales.
En paralelo, el Certificado Laboral de Agroexportación apunta a responder a exigencias internacionales en materia de derechos laborales, en un contexto donde los acuerdos comerciales, como el T-MEC, han elevado la supervisión sobre condiciones de trabajo en sectores estratégicos.
Salarios, pobreza y seguridad social: los datos del gobierno
El Ejecutivo federal defendió su política laboral con cifras que muestran una recuperación sostenida del salario mínimo, que —asegura— ha aumentado más de 150% en términos reales en los últimos años. De acuerdo con datos oficiales, este incremento ha contribuido a que millones de personas salgan de la pobreza, además de mejorar la capacidad de compra de los trabajadores.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, destacó que el salario mínimo pasó de 88 a 315 pesos diarios en ocho años, mientras que su poder adquisitivo casi se triplicó en comparación con finales del siglo pasado. También subrayó que más de 3 millones de trabajadores fueron incorporados a esquemas formales tras la regulación del outsourcing en 2021.
En materia de seguridad social, el gobierno resaltó avances en pensiones y la reciente incorporación de trabajadores de plataformas digitales, un sector que hasta ahora operaba en condiciones de alta precariedad. Se estima que esta medida beneficiará a más de 1.3 millones de personas.
Vivienda, igualdad salarial y justicia laboral
Otro de los componentes de la política laboral es el acceso a vivienda. Según lo informado, cerca de 5 millones de trabajadores han sido beneficiados con la reestructuración de créditos del Infonavit, además de que se proyecta la construcción de 1.8 millones de viviendas en los próximos años.
En el plano normativo, Sheinbaum también enfatizó la inclusión del principio de “a trabajo igual, salario igual” en la Constitución, como parte de una estrategia para cerrar brechas salariales, especialmente de género.
Asimismo, se destacaron acciones en materia de justicia laboral, como el avance en el caso de Pasta de Conchos, presentado como un ejemplo del cambio de സമീപiento del Estado frente a conflictos históricos.
Respaldo sindical y llamado a la unidad
El evento contó con la participación de líderes sindicales como Tereso Medina, Napoleón Gómez Urrutia, Alfonso Cepeda Salas y María de Jesús Rodríguez Vázquez, quienes coincidieron en respaldar la política laboral del gobierno federal.
Las centrales obreras hicieron un llamado a la unidad nacional en un contexto internacional complejo, donde las condiciones económicas y comerciales podrían presionar los avances alcanzados en materia laboral.
Un cambio en marcha con retos pendientes
Aunque el gobierno presenta estos avances como un parteaguas, especialistas han advertido que la implementación efectiva de estas reformas dependerá de factores como la capacidad de inspección laboral, la respuesta del sector empresarial y la evolución del entorno económico.
La transición hacia una jornada de 40 horas, la formalización de sectores históricamente excluidos y el cumplimiento de estándares internacionales colocan a México en una fase de transformación laboral que, si bien avanza con respaldo político y sindical, aún enfrenta desafíos estructurales para consolidarse en el mediano plazo.
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