‘Barnsoldater’, los niños soldado de Suecia: cómo el país del bienestar se convirtió en una fábrica de sicarios adolescentes

Suecia no es, en principio, un país que se asocia con violencia, y mucho menos, con menores reclutados para matar. Sin embargo, en los últimos años, una serie de casos obliga a matizar esa imagen. Durante 2024 las autoridades suecas identificaron alrededor de 1.700 adolescentes de menos de 18 años vinculados a redes criminales y al menos 52 casos con participación de menores de 15 años en homicidios o intentos de homicidio.

Ese mismo año, en la ciudad de Karlskoga, se registraron por lo menos dos casos en los que bandas locales reclutaron a adolescentes de entre 13 y 15 años como sicarios aprovechando su condición de inimputables, según informes policiales recogidos por medios suecos como SVT Nyheter. En uno de estos episodios, uno de los menores expresó en redes sociales su deseo de cometer su “primer asesinato” en un intercambio directo con su ‘empleador’.

Estos ejemplos permiten observar con nitidez el papel de las plataformas digitales en los procesos de reclutamiento. Otros casos alcanzan edades aún más bajas. Un niño de 12 años fue detenido por su presunta participación en un asesinato por encargo valorado en unos 20.000 euros, en el que además acabó disparando contra el objetivo equivocado. En otro caso, a un niño de 11 años le ofrecieron más de 13.000 euros a través de Snapchat para cometer un asesinato. Más allá del carácter extremo de estos sucesos, emerge un rasgo persistente: la disponibilidad de menores de 18 años como ejecutores de asesinatos por encargo.

Según la agencia Reuters, en 2024 el número de sospechosos de menos de 15 años en homicidios o intentos de homicidio se multiplicó en Suecia respecto al año anterior, en un contexto en el que las autoridades advierten sobre el uso creciente de adolescentes como asesinos a sueldo. El fenómeno ha llevado a que algunos medios y actores políticos hablen de barnsoldater, niños soldados. Más allá de la retórica del término, su uso da cuenta de una mutación en las pautas delictivas en la Suecia del bienestar.

Lejos de ser un fenómeno difuso, esta dinámica encuentra en ciertas ciudades una concentración particularmente visible. Gävle, al norte de Estocolmo, es una de ellas. Allí la violencia se ha intensificado de forma notable. En esa ciudad de poco más de 100.000 habitantes se han producido varios tiroteos, asesinatos y ataques con explosivos, incluido el uso de granadas de mano. En octubre de 2025, un tiroteo en una zona de bares y restaurantes dejó seis personas heridas; fue detenido un menor de 14 años. En febrero de ese mismo año se registraron dos homicidios en menos de una semana ambos vinculados a disputas entre bandas. Meses antes, en julio de 2024, un joven de 15 años fue procesado por el asesinato de un hombre de 23 años frente a un club nocturno, identificado como figura relevante dentro de la trama criminal local. En estos episodios se presenta el mismo patrón: las organizaciones reclutan de forma sistemática a menores de entre 10 y 14 años canalizando los encargos a través de redes sociales y mensajería cifrada, como han advertido organismos como la ONG Humanium y medios internacionales como Al Jazeera.

En este contexto, el trasfondo económico adquiere relevancia. ¿Según el informe Hur mycket narkotika finns det i Gävles avloppsvatten? (¿Cuánta droga hay en las aguas residuales de Gävle?, 2025), elaborado por Johnny Gustavsson y Sven Persson para el área de bienestar del municipio de la ciudad, el análisis de aguas residuales permitió estimar no solo el consumo de drogas, sino también el valor económico del mercado a escala local. En esta ciudad, el mercado anual de cannabis, cocaína y anfetaminas se sitúa en torno a los 46 millones de coronas suecas, aproximadamente 4 millones de euros. Lejos de ser un dato accesorio, esta escala de ingresos permite entender la dinámica de la violencia: en contextos donde la circulación de drogas genera rentas elevadas y se desarrolla en condiciones de ilegalidad, la competencia por el control de ese valor se resuelve mediante la fuerza. Incluso en esta pequeña ciudad, la combinación entre rentabilidad y competencia por mercados clandestinos configura un escenario en el que los conflictos se traducen en enfrentamientos armados. 

El mercado sueco de las drogas podría situarse entre los 300 y 600 millones de euros anuales, lo que refuerza la idea de que la violencia observada no responde a episodios aislados, sino a la disputa por circuitos económicos de considerable volumen.

Exportación de niños sicario

La violencia no solo organiza los mercados a nivel local, sino que tiende a desplazarse allí donde ese valor se produce, circula o se disputa. El reclutamiento de adolescentes como sicarios forma parte de esa lógica: no es solo una dinámica circunscrita a Suecia, sino un fenómeno que empieza a proyectarse fuera de sus fronteras, en el marco de circuitos criminales transnacionales.

En noviembre de 2024 la policía española desarticuló una red en Alicante que reclutaba adolescentes suecos para asesinar por encargo. La organización incluía a un matrimonio sueco y a su hijo de 15 años, que era el encargado de captar a otros jóvenes a través de Telegram, gestionar los pagos y coordinar la logística de los ataques. En el contexto de este caso, un menor fue enviado a la costa andaluza con un fusil de asalto y un plan de fuga previamente diseñado.

No se trata de un episodio aislado. Al mismo tiempo, en Benalmádena, otro joven sueco de 17 años fue detenido mientras planeaba un asesinato por encargo. Las autoridades españolas, así como otros organismos europeos, han documentado de forma reiterada la presencia de ciudadanos suecos implicados en tiroteos, atentados y ajustes de cuentas en la Costa del Sol, un destino que pasó de asociarse con la llegada de turistas escandinavas en bikini en los años 60 del siglo pasado, a estar hoy marcado por la presencia de jóvenes de ese mismo origen vinculados al asesinato por encargo. En esa lógica se inscribe el asesinato del famoso rapero sueco Hamza Karimi, conocido como “Hamko”, ejecutado a plena luz del día en Marbella por otro ciudadano sueco.

Reclutados en la red

El carácter transnacional de estos episodios ha llevado a Europol a describir el fenómeno como violence as a service (VaaS), una modalidad en la que las redes criminales externalizan la violencia mediante la contratación de terceros. El VaaS representa una mutación relevante en la organización del delito: la violencia deja de ser un recurso interno de las estructuras criminales para convertirse en un servicio subcontratado. Aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram o Signal, junto con redes sociales como TikTok, Snapchat o Instagram, funcionan como espacios de intermediación donde circulan ofertas concretas para contratar asesinos a través de canales y grupos donde se publicitan, configurando un mercado descentralizado en el que los ejecutores no necesariamente forman parte de la organización que ordena el ataque. La lógica es simple: sustituir miembros propios por ejecutores externos permite reducir costos, acelerar los tiempos de acción y, sobre todo, desplazar el riesgo penal hacia actores periféricos.

El aumento reciente de la violencia en Suecia presenta un rasgo paradójico: la delincuencia juvenil en términos generales ha tendido a disminuir, sin embargo, la violencia con armas de fuego ha seguido una trayectoria divergente, concentrada en redes criminales y protagonizada principalmente por jóvenes varones

Felipe Estrada
— profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo

Dentro de este dispositivo los jóvenes ocupan el lugar central. De acuerdo con autoridades policiales suecas, la captación de adolescentes en plataformas digitales se ha intensificado en los últimos años, en parte debido a su menor exposición judicial, pero también por la facilidad de contacto en estos entornos. Las fuentes describen a estos actores como ejecutores intercambiables, incorporados bajo una lógica de uso intensivo y reemplazo rápido. La violencia se organiza así como una cadena fragmentada donde quien ordena, quien financia y quien ejecuta rara vez coinciden.

Este modelo responde además a una racionalidad económica precisa. El instigador, frecuentemente situado en otro país, tal como señala el especialista José Luis Gil, conserva la dirección estratégica, mientras que el ejecutor asume la totalidad del riesgo operativo. Su captura o neutralización no interrumpe necesariamente la actividad, lo que otorga a estas redes una elevada capacidad de resiliencia.

Un rasgo distintivo de esta nueva modalidad criminal es su articulación con códigos propios del entorno digital. Las tareas violentas son presentadas como “misiones” o “desafíos”, en una lógica que remite al lenguaje de los videojuegos. Distintos informes policiales y coberturas mediáticas han advertido sobre este proceso de gamificación, que contribuye a desensibilizar a los reclutas y facilita su incorporación en plazos extremadamente breves, en algunos casos de apenas 48 horas entre el primer contacto y la ejecución del hecho.

Las redes sociales no solo operan como canales de captación, sino también como dispositivos de legitimación simbólica: la exhibición de dinero, armas y estilos de vida asociados al delito funciona como mecanismo de atracción, mientras que la circulación de actos violentos, pensados también para ser vistos, contribuye a su normalización y amplificación, en una lógica donde la violencia no solo se ejecuta, sino que se muestra, se consume y se reproduce.

Finalmente, el vínculo entre reclutadores y ejecutores incorpora formas de manipulación digital que recuerdan a otros esquemas de captación coercitiva. Autoridades europeas han advertido sobre el uso combinado de seducción y amenaza, donde un contacto inicial en tono amistoso puede derivar en presiones explícitas una vez que el joven ha aceptado participar, reduciendo significativamente su capacidad de desvinculación.

La fábrica de reclutas asesinos

El reclutamiento de menores no es un fenómeno marginal. Distintos organismos e investigaciones en Suecia coinciden en que forma parte del funcionamiento estructural de las redes criminales. El Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito (Brå) señala que estas organizaciones operan a partir de jerarquías por edades, en las que adolescentes mayores incorporan a los más pequeños en las tareas de mayor riesgo, todo, en una lógica que permite segmentar funciones y desplazar el riesgo penal.

Varios estudios advierten sobre la necesidad de evitar explicaciones simplistas. Como sostiene Felipe Estrada, profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo, en conversación con elDiario.es, “el aumento reciente de la violencia en Suecia presenta un rasgo paradójico: la delincuencia juvenil en términos generales ha tendido a disminuir, sin embargo, la violencia con armas de fuego ha seguido una trayectoria divergente, concentrada en redes criminales y protagonizada principalmente por jóvenes varones”. “Esto no se trata de la punta de un iceberg, sino de un fenómeno específico que exige explicaciones situadas”, señala.

Entre los factores que identifica el profesor Estrada se encuentran la baja capacidad de detección de delitos graves en las fases iniciales de la ola de violencia entre 2016 y 2023, lo que facilitó dinámicas de venganza, la disponibilidad de armas y la competencia por mercados de drogas altamente rentables. Al mismo tiempo, advierte Estrada, “el reclutamiento de menores sigue siendo difícil de contener y la respuesta política ha tendido a privilegiar herramientas punitivas sobre estrategias de prevención”.

Más allá de su dimensión económica, este fenómeno responde a trayectorias educativas débiles, falta de expectativas y entornos socialmente deteriorados combinados con la capacidad de estas organizaciones para ofrecer estatus, pertenencia, protección y recompensas inmediatas en una lógica capitalista de enriquecimiento a corto plazo. 

En este paisaje de violencia desatada la dimensión urbana resulta clave. El llamado Programa del Millón, impulsado en Suecia entre los años 60 y 70 para garantizar la vivienda, dibujó en la periferia de las grandes ciudades una serie de barrios que, con el tiempo, fueron cambiando de signo. Lo que nació como emblema del Estado de bienestar hoy aparece, en muchos casos, como territorio deteriorado: zonas donde se concentra vulnerabilidad social, economías informales y presencia estatal más tenue. No es casual que la policía las identifique como utsatta områden, “áreas vulnerables”.

Es allí donde la violencia vinculada a redes criminales encuentra su mayor intensidad. No se trata de una simple causalidad, sino de una trama reconocible. Como advierte la investigadora Isabelle Magnusson, el diseño y la localización de estos barrios han contribuido a reforzar dinámicas de aislamiento, estigmatización y cohesión interna que, con los años, facilitaron la consolidación de redes delictivas. En ese cruce entre espacio, desigualdad y economías ilegales, la violencia deja de ser un hecho excepcional y pasa a formar parte cotidiana del paisaje.

La disputa política por la violencia

Como era de esperar, el fenómeno también se ha metido de lleno en la política sueca. Sectores de la derecha han vinculado el aumento de la violencia con problemas de integración e inmigración, impulsando una agenda de endurecimiento penal con foco en los jóvenes. Hoy la edad de imputación se mantiene en los 15 años, pero en los últimos años han ganado fuerza propuestas para bajarla incluso hasta los 13 en casos graves. Aunque todavía no se han aplicado, estas iniciativas están en el centro del debate.

El paquete incluye medidas como el aumento de penas para delitos vinculados a bandas, la reducción o eliminación de beneficios penales para jóvenes, la creación de centros de detención específicos para menores y la ampliación de poderes policiales, con permiso para hacer allanamientos sin sospecha previa (visitationszoner). También se ha planteado endurecer las políticas migratorias y ampliar el sistema penitenciario, con previsiones de duplicar, o incluso triplicar, su capacidad en la próxima década.

El reclutamiento de menores sigue siendo difícil de contener y la respuesta política ha tendido a privilegiar herramientas punitivas sobre estrategias de prevención

Felipe Estrada
— profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo

Pero este enfoque genera críticas. Expertos y organismos de derechos humanos advierten sobre sus posibles efectos contraproducentes. Felipe Estrada sostiene que el endurecimiento de las penas no reduce la reincidencia. En contextos donde muchos jóvenes operan con alta exposición a la violencia y una expectativa de vida corta, la disuasión pierde peso. A ello se suma un problema de calado: en mercados ilegales de alta rentabilidad como el de las drogas, la cárcel no desarma las redes. Al contrario, abre espacios que otros jóvenes y niños ocupan rápidamente.

En esa línea, organizaciones como BRIS (una ONG sueca dedicada a la defensa de los derechos de niños y adolescentes) advierten que el endurecimiento penal puede empujar a las redes a reclutar menores aún más jóvenes. A la vez, especialistas señalan que la entrada temprana al sistema penal tiende a reforzar trayectorias delictivas, al romper vínculos educativos y aumentar la exposición a entornos criminales. También hay cuestionamientos por el sesgo de las medidas. Entidades como Amnistía Internacional y Civil Rights Defenders advierten que las zonas de registro afectan de forma desproporcionada a jóvenes de origen inmigrante, profundizando la desconfianza en barrios ya marcados por la segregación. El debate queda así abierto entre quienes apuestan por el control y quienes ven en la violencia el resultado de problemas estructurales más profundos.

Niños que matan en un país que funciona

El cuadro que emerge de estos casos resulta especialmente significativo si se pone en relación con la posición que ocupa Suecia en los indicadores internacionales. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el país se ubica de manera sostenida entre los más altos del mundo en el Índice de Desarrollo Humano. A ello se suma una fuerte capacidad estatal, bajos niveles de corrupción y sistemas de bienestar ampliamente consolidados, rasgos que suelen asociarse a contextos de baja criminalidad estructural. Sin embargo, la evidencia muestra que estos atributos no funcionan como blindaje frente a determinadas dinámicas del crimen organizado. En particular, la expansión de mercados ilícitos de alto valor, como el de la cocaína y otros estupefacientes, introduce lógicas que no se dejan absorber fácilmente por las instituciones. Allí donde la regulación es imposible, la competencia no desaparece: se reorganiza.

En ese terreno, la disputa por el control del mercado se traduce en violencia. Y esa violencia, lejos de concentrarse en estructuras cerradas, tiende a externalizarse. En un país con altos niveles de desarrollo, fuerte presencia estatal y amplias capacidades institucionales, la combinación entre mercados ilícitos de alto valor y prohibición genera un tipo específico de criminalidad: fragmentada, adaptable y con capacidad para reclutar a los actores más vulnerables y rentables.

En ese escenario, los menores no son el origen del problema, sino uno de sus efectos más visibles. Son quienes absorben el riesgo en el último eslabón de una cadena que se organiza a escala transnacional. Y es ahí donde la imagen inicial termina de quebrarse: en uno de los países más ricos y estables del mundo, hay chicos que a los 10, 11 o 12 años aceptan un encargo de asesinato a través del teléfono móvil. No como excepción, sino como parte de una lógica que convierte la violencia en un servicio y la ejecuta, muchas veces, como si de un videojuego se tratara.