En medio del torbellino institucional provocado por el caso de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer en la mañanera, ante una pregunta formulada por una reportera, que el instituto electoral de Sinaloa había validado la elección del gobernador en 2021, echando por tierra, en el hilo de la respuesta de la jefa del Estado, que había habido irregularidades en los comicios que le llevaron al gobierno del estado.
Sin embargo, y esto debe resultar muy deshonroso para el obradorismo, existen cientos de testimonios públicos que han dado cuenta sobre la indignante intervención del Cártel de Sinaloa en las elecciones estatales de ese año; desde reportajes aparecidos en la prensa local hasta declaraciones hechas por los propios rivales de Rocha. Es decir, lo que ha hecho recientemente el departamento de Justicia de Estados Unidos no ha sido más que confirmar lo que había sido ampliamente difundido.
Otro hecho que ha omitido Sheinbaum –o tal vez lo desconozca– es que la hermana de Enrique Inzunza, el inculpado y antes secretario de gobierno de Rocha, es hoy miembro del consejo del instituto electoral de Sinaloa. Es decir, el clan Rocha-Inzunza no solamente ha ocupado destacados cargos públicos como la gubernatura del estado y una senaduría, sino que está incrustado en los organismos electorales locales.
¿No fue acaso la propia Claudia Sheinbaum la que inició su carrera pública con su protesta, en su momento, tal vez legítima, en contra del supuesto fraude electoral de 2006 cuando ganó Felipe Calderón? ¿Qué pensaban los obradoristas de la resolución de un tribunal electoral? ¿No había mandado AMLO al diablo las instituciones? ¿Por qué ahora le otorgan legitimidad pública a unas autoridades locales que avalaron, ante los ojos de toda una nación, y principalmente frente a los sinaloenses, una elección operada por el crimen organizado? ¿Cómo pueden sostener un discurso de supuesta superioridad moral cuando han quedado al descubierto las trapacerías del gobierno de un estado?
Hoy, ante lo evidente, la presidenta y los obradoristas incluyen entre sus argumentos para defender a Rocha el respeto del “Estado de derecho” y las resoluciones de los tribunales electorales, cuando ellos en 2006, lejos en aquel momento de soñar con llegar a la cima, repudiaban ferozmente a unos magistrados que estaban cooptados por los intereses de lo que AMLO llamó la mafia del poder.
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