David Rincón Rey, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO), advirtió que diversos centros de rehabilitación en Baja California están incurriendo en delitos como privación ilegal de la libertad e incluso secuestro, cuando internan personas sin su consentimiento o condicionan su liberación al pago de dinero.
El abogado señaló que esta problemática no se limita únicamente a la llamada Patrulla Espiritual, que ha sido muy cuestionada precisamente por este tipo de prácticas, sino que ocurre en distintos espacios de rehabilitación donde familiares o brigadas trasladan a personas con problemas de adicciones o alcoholismo sin autorización legal.
“No solo la Patrulla Espiritual, yo creo que eso se da en muchos centros llamados de rehabilitación, donde incluso la familia lleva a la persona enferma o que ellos consideran que está enferma por alguna adicción o por el alcohol y los internan sin el consentimiento de la persona enferma”, expresó.
Rincón Rey indicó que este tipo de prácticas pueden configurar el delito de privación ilegal de la libertad, ya que ninguna persona puede ser retenida contra su voluntad sin un procedimiento legal o médico debidamente sustentado. “Esa internación es ilegal. Ahí se pudiera dar un delito que se llama privación ilegal de la libertad”, afirmó.
Asimismo, explicó que algunos grupos recorren calles y zonas públicas en busca de personas en situación de calle o bajo consumo de sustancias para trasladarlas por la fuerza a centros de rehabilitación y recalcó que “ahí ya la están privando de la libertad porque la persona no dio su consentimiento”.
El presidente de la FEDABO agregó que existen casos en los que posteriormente se solicita dinero a familiares bajo el concepto de “donaciones” para liberar o mantener internadas a las personas, situación que podría escalar jurídicamente a un posible secuestro: “El delito de secuestro es privar a alguien de su libertad y pedir dinero a cambio para soltarlo”, apuntó.
David Rincón Rey reconoció que muchas familias actúan con la intención de ayudar a sus seres queridos, aunque advirtió que ello no justifica las violaciones a derechos fundamentales: “La familia lo hace esperando que su pariente se cure; sin embargo, lo sabemos, el drogadicto o el alcohólico no se va a curar si él no quiere curarse”.
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