Bolivia al borde del colapso: protestas, bloqueos y crisis política sacuden al gobierno

Bolivia atraviesa una de las crisis sociales más delicadas de los últimos años. Las protestas que comenzaron por reclamos económicos se han transformado en una ola de disturbios que mantiene paralizado gran parte del país. En distintos puntos, manifestantes utilizan pequeñas cargas de dinamita para intensificar las movilizaciones y presionar al Gobierno.
Durante varias semanas, las principales carreteras permanecieron bloqueadas, afectando el transporte de productos básicos y combustible. La situación se agravó especialmente en la capital, La Paz, donde grupos de manifestantes ingresaron en edificios públicos y levantaron numerosas barricadas. Como consecuencia, se registraron problemas de abastecimiento de alimentos, demoras en el suministro de combustible e incluso faltantes temporales de oxígeno medicinal en algunos hospitales.
El impacto económico también comenzó a sentirse con fuerza. Varias entidades bancarias suspendieron operaciones y analistas financieros advierten que el conflicto podría profundizar aún más la crisis económica nacional. Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado calificó los hechos como un posible “intento de golpe de Estado”.

Un país golpeado por la crisis económica
La tensión política ocurre en un contexto económico ya deteriorado antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2025. Bolivia enfrentaba una fuerte escasez de divisas debido a la caída de las exportaciones, situación que complicó la importación de combustibles y otros productos esenciales.
Tras casi dos décadas de gobiernos de orientación socialista encabezados por Evo Morales y posteriormente Luis Arce, el escenario político dio un giro en las últimas elecciones. En la segunda vuelta se enfrentaron candidatos de perfil más conservador y reformista.
Aunque inicialmente Jorge Quiroga aparecía como favorito con una propuesta de rescate financiero respaldada por el Fondo Monetario Internacional, finalmente se impuso Rodrigo Paz, dirigente de centro-derecha que defendía una modernización del Estado sin recurrir a apoyo externo.
Sin embargo, la nueva administración heredó una economía altamente endeudada. En 2025, la deuda pública alcanzó cerca del 95 % del Producto Interno Bruto, impulsada por años de dependencia de importaciones y falta de divisas.

El aumento del combustible detonó el conflicto
Entre las primeras medidas adoptadas por el presidente Rodrigo Paz estuvo la eliminación de los subsidios a la gasolina, una decisión orientada a reducir el déficit fiscal. Aunque especialistas la consideraron necesaria, el impacto social fue inmediato: el precio del combustible prácticamente se duplicó en pocas semanas.
La medida aceleró la inflación y deterioró el poder adquisitivo de la población. Factores internacionales, como el incremento global de precios derivado de la guerra con Irán, también contribuyeron al encarecimiento del costo de vida.
Datos oficiales indican que en abril de 2026 el poder de compra de los bolivianos había caído un 14 % respecto al año anterior, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables.

Sindicatos, agricultores e indígenas lideran las protestas
El malestar social impulsó la unión de distintos sectores. Sindicatos, agricultores, mineros, docentes, trabajadores urbanos y organizaciones indígenas comenzaron a movilizarse exigiendo aumentos salariales y el restablecimiento de las subvenciones al combustible.
El Gobierno accedió parcialmente a algunas demandas y derogó una ley recientemente aprobada que permitía utilizar pequeñas parcelas agrícolas como garantía para créditos bancarios. No obstante, organizaciones campesinas denunciaron que la norma podía favorecer el avance de grandes empresas sobre tierras de pequeños productores.
Evo Morales vuelve al centro de la escena política
El conflicto también reactivó la figura del expresidente Evo Morales. Desde sectores cercanos al exmandatario surgieron llamados a intensificar las protestas, lo que alimentó las sospechas del Gobierno sobre una posible estrategia de desestabilización.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, acusó a algunos manifestantes de actuar como “agentes políticos” vinculados al retorno de Morales al poder, aunque no presentó pruebas públicas que respaldaran esas afirmaciones.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz intenta contener la crisis mediante el diálogo. El 20 de mayo anunció una reestructuración de su gabinete y prometió una administración más abierta a las demandas sociales. Además, propuso la creación de un “Consejo Económico y Social” para incorporar a sectores movilizados en la toma de decisiones.
Aun así, el mandatario advirtió que no negociará con grupos violentos a los que calificó como “vándalos”.
La comunidad internacional sigue de cerca el conflicto
El Gobierno boliviano recibió respaldo internacional de Estados Unidos y de varios países de la región, entre ellos Perú, Chile, Argentina y Paraguay, además de naciones centroamericanas que expresaron su apoyo institucional.
Por su parte, la Unión Europea y varias embajadas europeas hicieron un llamado conjunto al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas.
La gran incógnita ahora es si Rodrigo Paz logrará sostener la estabilidad de su Gobierno y si los actores políticos, incluidos Evo Morales y los mediadores internacionales, conseguirán evitar que la crisis derive en un escenario aún más conflictivo.
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