Vernos bien no debe ser sinónimo de arriesgar nuestra vida.
Hace un mes supimos de ocho personas que murieron en Sonora tras haber recibido unos sueros vitaminados vía intravenosa en una clínica de dudosa procedencia. El martes pasado nos enteramos que los sueros tenían microorganismos infecciosos que produjeron los decesos y el culpable de esta desgracia, un presunto médico llamado Jesús Maximino Verduzco, sigue prófugo.
En redes sociales abundan anuncios sobre clínicas detox, que ofrecen una mezcla confusa de servicios que van desde terapias alternativas hasta procedimientos que deberían ser exclusivos de profesionales certificados, como programas de pérdida de peso, botox o, en el colmo de la irresponsabilidad, liposucción sin cirugía.
El asunto es muy grave, detrás de muchas de estas clínicas se esconden negocios sin regulación, que ofrecen tratamientos que deben estar bajo estricta supervisión médica.
Y es que lo que se vende como un cambio de vida, está causando muertes, tal como ocurrió con Blanca Adriana Vázquez Montiel, mujer de 37 años que desapareció tras acudir a un establecimiento de este tipo en Puebla y fue hallada sin vida en Tlaxcala .
Blanca acudió buscando un tratamiento estético —una liposucción promocionada como segura y de recuperación rápida—. Llegó acompañada de su esposo a la clínica llamada Detox Clínica, en Puebla. Minutos después pidieron al señor salir a comprar insumos; cuando regresó el establecimiento estaba cerrado, nadie le dio información de su esposa, a quien él dejó dentro del local. Posteriormente se dio a conocer que cámaras de seguridad registraron cómo sacaban un bulto que parecía ser ella inconsciente, y la subieron a un vehículo.
El 21 de mayo su cuerpo fue hallado en Tlaxcala. Los responsables huyeron, cerraron el lugar y borraron su presencia en redes sociales, dejando tras de sí una familia destrozada y la pregunta que muchos y muchas nos hacemos: ¿cuántas mujeres y cuántos hombres más han puesto su salud en manos de negocios que ofrecen tratamientos milagrosos?
Según una investigación hecha por Animal Político, entre 2014 y 2025 al menos 121 personas fallecieron a consecuencia de cirugías plásticas o estéticas en nuestro país.
Una barbaridad.
Las autoridades sanitarias han advertido que la mayoría de estos lugares no cuentan con autorización de Cofepris ni de las direcciones estatales de salud, no tienen personal certificado, ni equipo para atender complicaciones como reacciones alérgicas, hemorragias o paros cardíacos.
Hay que tener mucho cuidado. La muerte de Blanca Adriana y de tantas víctimas más nos debe poner alertas. Urgen leyes claras, mayor vigilancia y sanciones estrictas para quienes usan la salud como negocio sin responsabilidad.
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