La resistencia de Prosfigiká, uno de los barrios autogestionados más grandes de Europa, ante la amenaza de desalojo

El vecindario de Atenas, que fue escenario de luchas partisanas contra la ocupación nazi, recela de los planes inmobiliarios del Gobierno regional mientras se erige en baluarte de autogestión y convivencia frente a la crisis de la vivienda
Exarchia, el barrio alternativo de Atenas que no se rinde ante la gentrificación
“Hasta la muerte”. Este es el límite que aseguran estar dispuestos a alcanzar Aristotelis Chantzis y Suzon Doppagne, dos residentes en huelga de hambre de Prosfigiká, un histórico vecindario de Atenas okupado desde hace casi dos décadas y uno de los espacios autogestionados más grandes de Europa.
En una Grecia marcada por la precariedad económica crónica y una creciente crisis de vivienda, este barrio organizado en asamblea acoge a más de 400 personas, ahora en riesgo de desalojo ante un proyecto de las autoridades regionales que muchos ven como otro paso hacia la gentrificación del área. Es un asunto candente en un país dónde los precios de los alquileres y para comprar casa se disparan a niveles cada vez más inasumibles para gran parte de la población.
“Nosotros seguimos con nuestra protesta y si hace falta seguiremos hasta morir”, dice Chantzis, de 43 años, en una entrevista con elDiario.es, mientras muestra cómo adelgazó tras más de 100 días de huelga de hambre. Explica que la empezó a inicios de febrero, cuando pesaba 67 kilos, y que ya ha perdido 22, como muestran sus huesos, muy marcados.
Chantzis toma sales minerales para perseverar en su protesta lo máximo posible, pero tiene el cuerpo cada vez más afectado por la atrofia muscular, el entumecimiento de las extremidades y los desmayos que le causa la desnutrición. Aun así, conserva cierta energía para conversar o caminar distancias muy pequeñas, determinado a dar a conocer la situación del vecindario y frenar el plan del Gobierno del Ática, la administración regional.
Este organismo —propietario de 177 de los 228 apartamentos de Prosfigiká— busca dedicar 15 millones de euros de fondos europeos para restaurar cuatro de los ocho bloques del barrio. Los edificios, de estilo arquitectónico Bauhaus, son testigos de la historia reciente de Grecia; se levantaron en los años 30 para acoger a refugiados helenos de Anatolia expulsados tras la caída del Imperio otomano y la creación del Estado turco.
Lucha para evitar la “mercantilización”
El plan anunciado por las autoridades prevé apartamentos de vivienda social y habilitar algunas casas para acoger a pacientes de cáncer de un hospital oncológico aledaño. El colectivo de Prosfigiká, sin embargo, argumenta que la intención real es mercantilizar la zona, preciada por estar en el corazón de Atenas, al lado del Tribunal Supremo y frente el estadio del Panathinaikos, uno de los grandes clubs de fútbol de Grecia.
Aquí creamos una nueva propuesta de vida en sociedad que rompe con la que se nos ha impuesto
La comunidad también alega que no se ofreció alternativa de vivienda a los más de 400 residentes actuales, entre los que hay unos 50 menores, así como ancianos, personas enfermas o en situación de vulnerabilidad, tanto griegos como originarios de otros 27 países, muchos de ellos migrantes o con estatus de refugiado.
“Aquí creamos una nueva propuesta de vida en sociedad que rompe con la que se nos ha impuesto”, dice Suzon Doppagne, joven belga de 27 años y vecina de Prosfigiká desde hace más de un lustro. Según alega, el Estado busca acabar con la iniciativa “comunal y horizontal” que se forjó con la okupación, inspirada en ideologías como el confederalismo democrático kurdo o el movimiento zapatista de Chiapas.
Ante ello, Doppagne siguió a Chantzis y este mayo inició su huelga de hambre. Otros podrían sumarse si el Estado no responde a sus demandas. La comunidad pide que se pare el plan, garantías para su permanencia, y que su entidad sin ánimo de lucro pueda reformar el recinto independientemente, con sus propios recursos.
Bastión de resistencia antifascista
En la II Guerra Mundial, el vecindario fue bastión de resistencia partisana contra la ocupación nazi y núcleo con fuerte presencia del Ejército Popular de Liberación Nacional (ELAS), la guerrilla comunista. Fue objeto de ataque de las tropas de Reino Unido en la llamada Dekemvriana, cuando entre finales de 1944 y el inicio de 1945 hubo duros combates en Atenas que enfrentaron a fuerzas del Gobierno provisional griego y el Ejército británico contra la milicia izquierdista. Las marcas de balas y metralla de la artillería británica visibles en algunos bloques son memoria viva de ello.
Esto lo hace un complejo único en Grecia, conservado tras años de lucha vecinal y de la sociedad civil. En los 2000, el Estado planeó demolerlo para alzar un centro comercial. “Las autoridades obligaron a los vecinos a irse. Les dieron muy poco dinero para expropiarlos”, pero 51 propietarios se negaron y recibieron apoyo de arquitectos y académicos, cuenta Valentini Siova, miembro de la comunidad desde hace 17 años. Esto llevó a una batalla legal que en 2009 culminó con la Justicia griega fallando a favor de preservar todo el vecindario.
Todo pasaba en plena ebullición de Grecia, en medio de protestas por la crisis económica y ante un fuerte movimiento de okupaciones de impronta anarquista que buscó responder a los estragos. Así se okupó Prosfigiká, y la autogestión derivó en la formalización del colectivo según sus propios estatutos en 2012.

Restos de balas y metralla de los ataques británicos durante los episodios de la Dekemvriana, a finales de la II Guerra Mundial.
Proyectos similares han estado muy presentes en el país durante décadas, aunque su peso menguó sobre todo desde que la fuerza derechista Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis asumió el poder en 2019. Esta aumentó los desalojos de espacios okupados en zonas como Exarcheia, barrio cercano a Prosfigiká y bastión de los movimientos sociales y del anarquismo griego, golpeado ahora por la creciente gentrificación y turistificación.
El temor de que Prosfigiká sufra una deriva similar hace que el plan estatal se vea con aún más suspicacia. Para Siova, es una contradicción, porque lo previsto —espacios de acogida para enfermos y vivienda social— es justo lo que el colectivo creó estos años, ante la ausencia o poca capacidad del Estado para cubrir funciones básicas.
“El Estado miente cuando dice que creará vivienda y hospedajes. Es un modo de obtener aprobación social” para continuar su operación, plantea Siova mientras pasea por el vecindario. Entre otros, saluda a un vecino que va a casa de otra residente para reparar una avería, a una mujer migrante y soltera que vive con su bebé en uno de los pisos que reformó la comunidad, así como a un refugiado kurdo que obtuvo asilo hace poco. También se ven decenas de activistas, muchos extranjeros, que entregan panfletos informativos a pie de calle o ayudan a reformar los viejos pisos, cómo hace una joven de Luxemburgo que vino a respaldar a la comunidad.
Autogestión vs. intervención estatal
En el recinto hay también 22 estructuras creadas para necesidades de la comunidad o de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos un horno, un comedor popular, una cocina social que provee un centenar de comidas al día a personas sin techo, un espacio para acoger a mujeres afectadas por violencia machista y una escuela infantil. A su vez, un piso hospeda a pacientes de cáncer cuando vienen de otros puntos del país para hacer terapia en Aggios Savvas, el centro oncológico más grande de Grecia, a pocos metros de Prosfigiká.
En la comunidad aseguran que el desalojo podría ejecutarse de un momento para otro, pero están decididos a resistir pese a las crecientes incursiones policiales, arrestos y enjuiciamientos de estos años. Así lo cree Doppagne, que está junto a Chantzis en la clínica autogestionada del vecindario, dónde se ofrece atención médica continua.

Aristotelis Chantzis (derecha) y Suzon Doppagne, los dos integrantes del colectivo de Prosfigiká en huelga de hambre contra el plan de la Región de Ática.
Amnistía Internacional alertó en abril del “grave riesgo de desalojo forzoso” del colectivo. “Entre los afectados hay refugiados y otros grupos vulnerables a la discriminación y marginación, incluido personas sin techo en el pasado o en tratamiento por adicciones”, dijo la ONG. Según denunció, los residentes “fueron excluidos del proceso de toma de decisiones”, y el plan “no prevé alternativa de vivienda” para todos ellos.
Ante las críticas, el Gobierno regional de Ática aseguró este mayo que los bloques de Prosfigiká “no serán comercializados ni demolidos”, sino convertidos en “viviendas sociales asequibles” para familias, jóvenes, pensionistas o desempleados. El organismo agregó en un comunicado que con “una planificación organizada y transparente, se velará por la reubicación en estructuras y alojamientos adecuados” a los residentes actuales.
Aun así la confianza de los vecinos en la autoridad regional y el Ejecutivo griego es nula. “Han batido récords de corrupción”, dice Siova, resaltando los escándalos en los que está envuelto el Gobierno de Mitsotakis, salpicado hace poco por una nueva trama de fraude y malversación de fondos agrícolas de la UE, otro caso que hace que la confianza de los griegos en sus instituciones sea de las más bajas de Europa. A esto se suma el trágico accidente de tren de febrero de 2023, el peor de la historia del país con 57 muertos, y sobre el que muchos consideran que hubo negligencia estatal y poca rendición de cuentas de parte del Ejecutivo derechista.
Crisis de vivienda creciente
Esto sucede en un momento de creciente presión inmobiliaria y encarecimiento de la vivienda en Atenas. Grecia fue el segundo país de la UE con mayor subida de precios de alquiler en 2025, con un aumento del 10,1%, según el grupo heleno Centro de Estudios Liberales (KEFiM). En la capital, el alquiler medio de un piso de un solo dormitorio equivale al 70,2% del salario mensual medio, y el de dos habitaciones al 93,6%. El precio para comprar casa en el país ascendió un 7,7% interanual a fines de 2025, un incremento marcado por la baja oferta de vivienda en el mercado, el auge turístico, alquileres de corta duración y fuerte entrada de capital extranjero. En un país con un sueldo mínimo mensual bruto de 920 euros, esto pone a muchos griegos en gran dificultad.
“Pisos que antes estaban a 400 euros subieron a 600, 700 o el doble, y muchos son pequeños, viejos o están en mal estado”, señala a elDiario.es Panagiota, joven ateniense que busca casa. “Hay viviendas que ya no se alquilan porque pasaron a ofrecerse por Airbnb, y esto lo hace aún más complicado”, lamenta. Según datos de portales especializados, las ofertas en esta plataforma subieron un 19% en un año, y más de 76% los últimos tres años.
Los alojamientos en oferta superan hoy los 15.450, y más del 92% son apartamentos enteros, concreta Inside Airbnb. De hecho, el turismo alcanzó niveles récord en la urbe, con más de ocho millones de visitantes al año. El alcalde de Atenas, Haris Doukas, alertó hace poco que la ciudad “no puede funcionar como si fuera un hotel gigante”, criticó la sobresaturación de barrios como Plaka, en el pie del Acrópolis, y apeló a imponer restricciones y normas.
Para Chantzis, Prosfigiká se erige en “bastión de resistencia” ante esta realidad. Con su huelga de hambre, pretende también oponerse a un concepto de ciudad “hecha cada vez más para los ricos”.