Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador instauró conferencias de prensa matutinas como eje de la comunicación gubernamental, el argumento central era legítimo: informar de manera directa a los ciudadanos sobre las acciones del gobierno, transparentar decisiones y reducir la intermediación de los medios tradicionales. En sus primeros años, la llamada “mañanera” logró posicionarse como un mecanismo novedoso de rendición de cuentas y comunicación cotidiana con la sociedad.
Sin embargo, con el paso del tiempo, ese ejercicio parece haber agotado gran parte de su eficacia institucional. Lo que nació como una herramienta para informar a los gobernados se ha transformado progresivamente en una plataforma de defensa política de un movimiento, de promoción de narrativas partidistas y, en ocasiones, de confrontación permanente con adversarios reales o percibidos.
La comunicación gubernamental tiene un propósito claro: informar sobre políticas públicas, programas, decisiones administrativas, resultados de gobierno y asuntos de interés nacional. Cuando ese espacio se desvía de ese objetivo para convertirse en un foro donde se revisan encuestas favorables a Morena, se responden críticas de actores opositores o se construyen argumentos electorales, se desdibuja la frontera entre Estado y partido.
Los ejemplos abundan. Durante los últimos años, fue frecuente observar presentaciones de estudios demoscópicos que destacaban los niveles de aprobación presidencial o las ventajas electorales de Morena frente a otras fuerzas políticas. Aunque las encuestas son instrumentos válidos para medir opinión pública, difícilmente constituyen información gubernamental indispensable para la ciudadanía. Su inclusión reiterada proyecta la imagen de una administración preocupada por reafirmar su popularidad más que por comunicar resultados concretos de gestión.
Otro fenómeno recurrente ha sido la utilización de la tribuna presidencial para responder a dirigentes opositores, legisladores, periodistas, organizaciones civiles e incluso ciudadanos particulares. La crítica forma parte de toda democracia y los gobiernos tienen derecho a defender sus decisiones; no obstante, convertir la conferencia oficial en un espacio cotidiano para desacreditar voces críticas genera una percepción de uso faccioso de una institución pública que debería representar a todos los mexicanos, no únicamente a quienes simpatizan con la fuerza gobernante.
Más preocupante aún resulta la constante exposición de la investidura presidencial en debates de naturaleza electoral. La figura del presidente de la república posee un carácter institucional que trasciende coyunturas partidistas. Cada intervención pública desde la máxima magistratura del país tiene un peso político extraordinario. Cuando esa investidura participa de manera sistemática en la disputa narrativa entre partidos, corre el riesgo de erosionar su papel como símbolo de unidad nacional y garante de la imparcialidad del Estado.
La democracia requiere gobiernos que informen, expliquen y rindan cuentas. También requiere competencia política vigorosa, debate público y confrontación de ideas. Pero cada actividad debe desarrollarse en su ámbito correspondiente. Las campañas pertenecen a los partidos; la propaganda, a las organizaciones políticas; la comunicación institucional, al gobierno.
Por ello, resulta pertinente replantear el formato y el contenido de las conferencias matutinas. Nadie cuestiona la necesidad de informar diariamente sobre seguridad, salud, economía, infraestructura o relaciones internacionales. Tampoco se discute el derecho de los funcionarios a responder cuestionamientos de la prensa. Lo que debe evitarse es la utilización de recursos públicos y de espacios institucionales para sostener estrategias de posicionamiento político-electoral permanentes.
Mención aparte requieren los que se ostentan como periodistas pero que se comportan como gestores de causas y sectores. Lo que fue un intento por evitar la perversión de los medios a través de la democratización de la información, lejos está de haber cumplido su objetivo, de contribuir a la información pública y menos aún a la formación y desempeño profesional del periodismo. Este sólo párrafo da para un análisis posterior.
La ciudadanía merece información útil, verificable y relevante para su vida cotidiana. Merece conocer cómo se ejercen los recursos públicos, cuáles son los avances y rezagos de las políticas gubernamentales y qué decisiones afectan el futuro del país. Ese debería ser el centro de cualquier conferencia oficial.
La mañanera cumplió una función innovadora en su momento. Pero todo instrumento público debe evaluarse por sus resultados y por su apego a los principios democráticos. Hoy, más que un escenario de disputa política, México necesita espacios institucionales de información que fortalezcan la confianza ciudadana, preserven la dignidad de la investidura presidencial y distingan con claridad entre gobernar y hacer campaña.
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