El caso del migrante colombiano Brayan Rayo Garzón, quien se quitó la vida mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Misuri, volvió a colocar bajo escrutinio internacional las condiciones de los centros de detención migratoria en Estados Unidos y las denuncias por trato inhumano durante la administración de Donald Trump.
Rayo Garzón, de 26 años, murió en abril de 2025 dentro de la cárcel del condado de Phelps, en Rolla, Misuri, luego de permanecer aislado mientras padecía síntomas de COVID-19. De acuerdo con una investigación de Associated Press, el joven había solicitado atención psicológica y pidió en repetidas ocasiones poder hablar con su madre, peticiones que no fueron atendidas antes de su muerte.
La investigación reveló que el colombiano escribió notas a custodios suplicando una llamada telefónica con su madre, pues sentía que ella estaba preocupada por él. Sin embargo, el contacto fue negado debido a protocolos de aislamiento sanitario. Menos de una hora después de entregar una de esas notas, fue encontrado inconsciente en su celda.
El caso detonó indignación en Colombia y provocó una reacción directa del presidente Gustavo Petro, quien acusó al gobierno estadounidense de mantener condiciones degradantes para los migrantes detenidos. Petro calificó los centros como espacios donde se violentan derechos humanos básicos y exigió una protesta diplomática formal.
La muerte de Brayan Rayo Garzón forma parte de una preocupante ola de suicidios dentro de instalaciones migratorias estadounidenses. Associated Press documentó que al menos 10 personas detenidas por ICE se han suicidado desde enero de 2025, una cifra sin precedentes en la historia reciente de la agencia.
La mayoría de las víctimas eran hombres latinoamericanos jóvenes y varios de ellos no tenían antecedentes de delitos violentos. Organizaciones civiles y defensores de migrantes han denunciado desde hace años que las instalaciones operadas por ICE presentan hacinamiento, negligencia médica y prácticas de aislamiento prolongado.
Expertos en salud pública y derechos humanos advirtieron también que este aumento de suicidios evidencia fallas estructurales en la supervisión de los centros de detención, especialmente en materia de salud mental, aislamiento y acceso a atención médica oportuna.
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