El argumento principal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la reforma constitucional que limita las pensiones en Pemex, CFE y otras empresas estatales es la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” y de los privilegios exorbitantes de exfuncionarios de confianza, bajo los principios de austeridad republicana y justicia distributiva.
En el papel, la propuesta parece atractiva. Sheinbaum asegura que la reforma al artículo 127 constitucional no afectará a trabajadores sindicalizados ni de base, únicamente a exdirectivos y mandos superiores que reciben jubilaciones millonarias.
El problema es que, como ya ocurrió en otras ocasiones, el gobierno termina utilizando algunos casos para castigar a miles de trabajadores que sí cumplieron durante décadas con el Estado mexicano.
Derechos adquiridos
Esos fondos de pensiones operan bajo un antiguo esquema de beneficio definido, financiado con recursos públicos e ingresos de ambas empresas. El sistema garantizaba jubilaciones establecidas por contrato colectivo a miles de empleados que entregaron su vida a las empresas del Estado trabajando en plataformas, refinerías, complejos petroquímicos y redes eléctricas, muchas veces lejos de sus familias, bajo condiciones extremas y a costa de su salud.
Sin embargo, es debido a que las aportaciones históricas resultaron insuficientes para cubrir los compromisos acumulados, que el gobierno federal ha tenido que subsidiar año con año el pago de estas pensiones.
Las llamadas “pensiones doradas” surgieron desde el contrato colectivo firmado en 1942, tras la expropiación petrolera de 1938, cuando Pemex se consolidó como empresa estratégica y ofrecía condiciones laborales excepcionales debido a los riesgos y exigencias de la industria energética.
Austeridad o castigo
La reforma propuesta establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá exceder el 50% del salario de la titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Lo grave no es solamente el tope, sino el intento de aplicar el nuevo marco constitucional sobre derechos previamente adquiridos, violando el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe dar efecto retroactivo a una ley en perjuicio de cualquier persona.
Cuando el verdadero problema de Pemex y CFE no son las pensiones, sino la brutal ineficiencia operativa, el endeudamiento y la desastrosa administración política que Morena impuso sobre ambas empresas.
Las calificadoras internacionales, el Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda han advertido sobre la gravedad de la crisis financiera y que ambas empresas sobreviven gracias a los subsidios multimillonarios del gobierno federal
Algo que Sheinbaum omite deliberadamente señalar, es que Pemex ya había reformado su sistema pensionario desde 2015. Con Enrique Peña Nieto se eliminó el esquema de beneficio definido para nuevos trabajadores, se elevaron edades de retiro y se migró hacia cuentas individuales, pero respetando los derechos adquiridos de quienes ya laboraban bajo el sistema anterior.
Hoy la lógica cambió, el gobierno necesita recursos desesperadamente y pretende que los trabajadores paguen el costo del fracaso financiero de la 4T. Buscan un culpable políticamente rentable y los jubilados se convierten en el enemigo perfecto.
El peligroso precedente
Un testimonio llevado a video que comenzó a circular entre trabajadores jubilados resume perfectamente el sentimiento de agravio: “No pedimos favores, pedimos lo que es nuestro. Lo ganamos legítimamente”. Y tiene razón. Combatir privilegios, no se trata de confundir derechos laborales con corrupción para justificar recortes masivos.
El gobierno insiste en manipular a la opinión pública mezclando casos reales de abuso con derechos legítimamente ganados. Sí, hubo excesos y pensiones escandalosas para algunos altos mandos. Nadie lo niega. Pero utilizar esos casos para generalizar y castigar a toda una generación de trabajadores es profundamente injusto.
“Castigarnos a todos por los errores de unos pocos no es justicia”, señalan en el video los jubilados. Y ese es el fondo del problema.
La reforma marca un precedente peligrosísimo: si el Estado puede modificar unilateralmente derechos laborales previamente adquiridos bajo el argumento de austeridad o “justicia social”, entonces ningún mexicano tiene certeza jurídica sobre su retiro futuro.
¿Estarán probando para continuar con Afores y otras pensiones?
El gobierno ideologizado busca vender austeridad mientras traslada el costo de su incompetencia, corrupción y fracaso financiero a quienes construyeron las empresas que hoy presume defender y que fueron el sustento económico del país por muchísimos años.
X: @diaz_manuel
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