El pasado 28 de mayo del año en curso el Comité organizador, conformado por la Defensoría Pública Federal, la Casa de los Saberes Jurídicos y el Órgano de administración judicial, llevaron a cabo el primer Conversatorio de Justicia Abierta a personas en contexto de movilidad en la ciudad de Tijuana.
En dicho evento, los panelistas invitados tuvieron la oportunidad de exponer desde el ámbito de la investigación, docencia, así como experiencias personales y profesionales, las vivencias necesidades, problemáticas y retos que afrontan las personas que viven en contexto de movilidad.
La Jueza Graciela Zamudio Campos, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, fue una de las participantes, quien enfatizó que la Justicia Abierta está basada “en el derecho de la ciudadanía a estar informada e involucrarse de forma activa en la formulación e implementación de las políticas públicas, servicios y decisiones que les afecten en materia de justicia”.
Resaltó que “la participación de la sociedad civil es muy importante para que sean escuchados y poder conocer como Juzgadores lo que aqueja a la Sociedad, y con ello mejorar sistema de impartición de justicia”.
Por otra parte, exhortó a la comunidad en general a acercarse a la Defensoría Pública Federal con la finalidad de exponer sus problemáticas y esa Institución en su caso ser el cauce legal para ponerlas del conocimiento de los Titulares de los Juzgados de Distrito, de esta ciudad, contando para ello con el respaldo del Delegado de dicha Defensoría.
También hizo un reconocimiento a todos los juzgadores y juzgadoras que “día a día con su invaluable labor, impartiendo justicia contribuyen para que sean respetados los derechos humanos de las personas”.
Los demás invitados fueron Juan Antonio del Monte, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte; Tania García Barajas, profesora en la Facultad de Derecho de la UABC; Joselyn Mariscal Agreda, oficial de programa de justicia migratoria del Colegido de la Frontera Norte del American Friends Service Committee.
Además de Víctor Manuel González Ruíz, delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en Baja California; Carolina Farrera, directora ejecutiva de Alma Migrante Asociación Civil; y Brando Arturo González Ramírez, abogado postulante especializado en Litigio Estratégico en Materias Administrativa, Fiscal y Constitucional.
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