Los datos económicos comienzan a enviar señales que el discurso político no puede ocultar. BBVA redujo nuevamente su expectativa de crecimiento para México. Banxico también ajustó sus previsiones. La informalidad laboral permanece por encima del 55 por ciento. El empleo formal pierde dinamismo. La inversión privada mantiene cautela.
La revisión del T–MEC se acerca. Y el gobierno insiste en que la economía marcha bien.
La pregunta es simple: ¿Quién tiene razón, los datos o la narrativa?
Porque la realidad económica suele ser menos ideológica y mucho más contundente.
México enfrenta una desaceleración económica en un momento particularmente delicado.
La población envejece.
Las pensiones aumentan.
La presión sobre salud crece.
El déficit fiscal sigue siendo elevado. Y la capacidad de generar riqueza nueva muestra señales de agotamiento.
El crecimiento no alcanza
Durante años México creció por debajo de su potencial.
Hoy la situación es de mayor atención. Los principales analistas estiman para 2026 un crecimiento cercano al 1 por ciento.
Eso significa una economía incapaz de generar el volumen de empleo formal, inversión y recaudación que requiere un país de más de 130 millones de habitantes.
Un crecimiento de 1% puede parecer aceptable en una economía madura como Alemania o Japón.
No en una economía emergente con rezagos históricos en infraestructura, educación, salud y seguridad.
Mientras tanto, la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo.
Las tasas de interés siguen elevadas.
Y el tipo de cambio mantiene una estabilidad que depende más de factores externos que de fortalezas estructurales internas.
El Mundial no resolverá los problemas estructurales
El gobierno apuesta a la derrama económica del Mundial.
Sin duda existirá para:
- Hoteles.
- Restaurantes.
- Comercio.
- Transporte.
- Turismo.
Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que los grandes eventos deportivos rara vez transforman la trayectoria económica de un país.
El Mundial no resolverá:
- La informalidad laboral.
- La baja productividad.
- La insuficiente inversión privada.
- La crisis de ejecución judicial.
- La debilidad del crédito productivo.
Confundir un evento temporal con una estrategia económica de largo plazo sería un error.
El empleo formal pierde terreno. Uno de los indicadores más preocupantes es la persistencia de la informalidad. Más de la mitad de la población ocupada trabaja fuera de la formalidad plena.
Eso significa millones de personas sin acceso completo a seguridad social, ahorro pensionario, crédito institucional o protección laboral efectiva.
También significa una base tributaria limitada. Y una base tributaria limitada implica menor capacidad futura para financiar:
- Salud.
- Educación.
- Infraestructura.
- Seguridad.
- Pensiones.
Las matemáticas son simples. Cada trabajador informal representa menor capacidad de financiamiento para el Estado.
Programas sociales y prioridades presupuestales
México destina más de un billón de pesos a programas sociales.
La cifra supera ampliamente la inversión destinada a conservación carretera federal.
Compite con los recursos destinados a salud.
Y se aproxima a los montos asignados a educación.
El problema no es la existencia de programas sociales. El problema es convertirlos en el eje central de una estrategia económica.
Los programas sociales alivian necesidades.
La productividad genera riqueza.
Los primeros distribuyen recursos.
La segunda los crea.
Cuando la generación de riqueza pierde fuerza, la distribución se vuelve cada vez más difícil de sostener.
El sector productivo sigue esperando. Existe otro problema poco discutido.
La banca de desarrollo parece cada vez más enfocada en acompañar prioridades gubernamentales que en impulsar productividad.
Las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando dificultades para acceder a crédito competitivo.
Las SOFOMES, arrendadoras, empresas de factoraje y financieras especializadas siguen operando sin una política pública integral que fortalezca su capacidad de financiamiento.
Paradójicamente, son precisamente estos intermediarios los que atienden segmentos que la banca tradicional suele ignorar.
Sin crédito productivo no existe expansión empresarial.
Sin expansión empresarial no existe empleo formal suficiente.
Y sin empleo formal suficiente no existe crecimiento sostenible.
El costo económico del Estado de derecho débil.
Uno de los mayores errores del debate nacional consiste en tratar al Poder Judicial como un tema exclusivamente político.
No lo es.
Es un tema económico.
Un inversionista necesita responder preguntas básicas:
- ¿Se ejecutan los contratos?
- ¿Se recuperan las garantías?
- ¿Se cumplen las sentencias?
- ¿Existen tiempos razonables de resolución?
Hoy las respuestas generan dudas.
La percepción de hiperformalismo, lentitud procesal, criterios inconsistentes y baja exigencia de resultados afecta directamente la confianza.
La reforma judicial prometió transformar el sistema. Sin embargo, sigue predominando la discusión política sobre la discusión técnica.
La elección judicial no garantiza por sí misma independencia, productividad ni calidad jurisdiccional.
Tampoco resuelve problemas históricos:
- Exceso de trámites físicos.
- Notificaciones costosas.
- Exhortos interminables.
- Edictos caros e ineficientes.
- Ejecución tardía de sentencias.
La justicia lenta tiene un costo económico enorme.
- Reduce inversión.
- Incrementa riesgo.
- Encarece crédito.
- Destruye valor.
Las marchas aumentan porque las matemáticas no cuadran. La presión de la CNTE. La reversión parcial de medidas sobre pensiones de Pemex.
Las modificaciones constantes a reformas recientes.
Los ajustes legislativos posteriores a decisiones apresuradas.
Todo forma parte del mismo fenómeno.
Cuando las matemáticas no cuadran, las marchas se multiplican.
Cuando las promesas superan la capacidad financiera, aparecen los conflictos.
Cuando una política pública fue mal diseñada, la presión organizada termina sustituyendo al análisis técnico.
Lo preocupante es que casi nunca existen responsables.
En el sector privado una mala decisión puede significar pérdidas, despidos o incluso la desaparición de una empresa.
En el sector público las consecuencias suelen diluirse.
La factura termina distribuyéndose entre contribuyentes, consumidores y generaciones futuras.
El desafío que viene
La revisión del T-MEC ocurrirá en un entorno más complejo.
Estados Unidos exigirá resultados. No discursos.
Evaluará competitividad, seguridad, Estado de derecho, energía, cumplimiento regulatorio, atracción de inversiones.
México mantiene ventajas extraordinarias:
- Ubicación geográfica.
- Integración manufacturera.
- Cercanía con Estados Unidos.
- Capital humano.
- Mercado interno.
Pero ninguna ventaja es permanente. La confianza debe renovarse constantemente.
México no puede ignorar los indicadores.
El crecimiento económico se desacelera.
La informalidad sigue elevada.
La productividad permanece rezagada.
La inversión privada continúa cautelosa.
La confianza institucional no mejora al ritmo necesario.
Y las presiones fiscales aumentan.
Los programas sociales pueden generar popularidad.
Las conferencias pueden generar narrativa.
Los grandes eventos deportivos pueden generar entusiasmo.
Pero ninguna de esas cosas sustituye el crecimiento económico.
Al final, las economías no prosperan por decreto.
Prosperan cuando existen inversión, productividad, crédito, certeza jurídica y confianza. Y hoy, precisamente en esos rubros, es donde México enfrenta sus mayores desafíos.
Porque las leyes pueden reformarse.
Los decretos pueden corregirse.
Las promesas pueden renegociarse.
Pero las matemáticas económicas no negocian.
Y tarde o temprano terminan imponiendo la realidad.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
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