Los partidos politicos lo hacen de nuevo. Como si la ley electoral vigente no existiese, o como si fuera una simple letra muerta plasmada en la Constitución y en las leyes federales, los postulantes a puestos de elección popular en los comicios electorales de 2027 han iniciado campañas.
Algunos incluso han solicitado licencia, como ha sido el caso de la senadora Andrea Chávez, cuyo objetivo no es otro que ser gobernadora de Chihuahua. Sus presuntos lazos políticos con Adán Augusto López y sus actos de precampaña, claramente ilegales, no han sido obstáculos para registrarse como aspirante por su partido.
Lo hacen, no obstante, bajo una figura copiada, en el nombre, de las revoluciones cubana y venezolana conocida como “comités de defensa” de los cuales ellos mismos, para evitar ser evidenciados como candidatos, son “coordinadores”. Se sabe que serán, a la postre, los candidatos del partido oficial a esas entidades, diputaciones y alcaldías. Sin embargo, según ha trascendido, no ha sido exclusivo de Morena, sino que ha sido replicado por los partidos de oposición. Si ellos lo hacen, ¿por qué no hacerlo nosotros?, deben de pensar.
Todos han decidido contravenir la ley electoral, misma que determina puntualmente cuáles son los plazos para el inicio de las campañas. Sin embargo, como podía anticiparse, los “defensores” utilizan mañosamente la letra legal para ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal Electoral. No piden abiertamente el voto, pero sí que recorren el territorio, “se presentan” ante los votantes, hablan sobre las maravillas de sus personas y hacen uso indebido de unos recursos cuya procedencia genera serios cuestionamientos.
Si el dinero no viene del INE, pues los plazos no están abiertos, ¿quién les financia? ¿Será acaso algún particular decidido a más tarde cabildear a su favor con un gobernador, diputado o alcalde? ¿Algún empresario, sindicato, influencer o un gobierno extranjero? ¿O tal vez algún organismo de dudoso origen que puede ser una organización no gubernamental o el crimen organizado?
La contravención de la ley electoral no solo demuestra el desprecio hacia las normas jurídicas por parte de la clase política de todos los colores, sino que abre la puerta a la participación de algunas organizaciones e intereses particulares o de gremio que deben estar lejos de la vida pública de la nación. Así las cosas en un México donde la ley ha cedido su sitio al gobierno de unos cuantos.
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