Se puede, aunque no se pueda

No se necesita ser muy ducho en eso del análisis estratégico de seguridad para entender que la ofensiva en México contra estructuras de los cárteles del narcotráfico tiene dos motivaciones: las amenazas estadounidenses para invadir México y la cancelación de visas por temas de las drogas.

La ofensiva del pasado fin de semana en Michoacán por parte del Ejército en tareas de apoyo a la seguridad pública, demostró que el principal problema del tráfico de drogas ha radicado en la complicidad de los cárteles con funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

Y el otro dato que no debe desdeñarse es igualmente significativo: el poder de fuerza institucional del Ejército, basado en el principio constitucional del monopolio de la fuerza, encuentra en las Fuerzas Armadas la última línea de defensa y ha estado obligando a las autoridades civiles a poner más atención en las relaciones de poder entre el crimen y las instituciones y sus funcionarios.

El narcotráfico ha prevalecido por dos razones que son esenciales para entender el conflicto: la demanda de drogas por parte de los millones de adictos estadounidenses y la certeza de que la fuerza que las bandas delictivas sólo se explica por la complicidad institucional que paulatinamente se está desmantelando.

Casos como el de Michoacán revelan que el debate no está en que si el Ejército participa o no en actividades de apoyo a la seguridad pública, sino en circunstancias reales que demuestran que el poder bélico de la delincuencia no alcanza a ser confrontado por las fuerzas de seguridad civil, incluyendo una Guardia Nacional que nació con restricciones que no debería detener por la magnitud de la violencia criminal.

Las últimas acciones gubernamentales de fuerzas civiles y fuerzas militares contra bandas del narcotráfico están cumpliendo con la función de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Zona Zero

• Menuda chamba se le asignó al organismo burocrático del INE de tener la responsabilidad de revisar e impedir el registro de candidaturas vinculadas a la delincuencia. Desde ahora se puede adelantar el argumento más elemental: qué pasará cuando los malandros quieran imponer candidatos y el INE se los impida y qué ocurrirá si los delincuentes comienzan a amenazar a los funcionarios civiles del INE que carecen de fuerza personal para defenderse. En los hechos, los partidos deben de hacerse responsables de las candidaturas de sus aspirantes.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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