Clara Brugada pide blindar derechos humanos ante la discusión de la Ley de Rentas Justas
En el marco del debate legislativo en torno a la Ley de Rentas Justas en el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha formalizado una petición de colaboración a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). El objetivo central de esta solicitud es salvaguardar las garantías individuales de la ciudadanía y evitar cualquier tipo de abuso durante los procesos de desalojo.
Nuevos ejes para la agenda social en la capital
Durante su intervención en la presentación del informe anual de la CDHCM, encabezada por Dolores González Saravia, la mandataria capitalina estableció cinco ejes prioritarios para transformar la estrategia de derechos humanos en la metrópoli. Estas líneas de acción comprenden la supervisión de desalojos, la transformación del sistema penitenciario, una atención integral para las personas en situación de calle, la actualización de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y el fortalecimiento de la defensa social.
“Que ningún desalojo se convierta en un espacio de abuso, violencia o vulneración de derechos humanos. Necesitamos reglas claras, mecanismos de diálogo y mediación”, señaló Brugada. Adicionalmente, la jefa de Gobierno instó al organismo autónomo a colaborar en el diseño de un modelo carcelario renovado que priorice la reinserción social efectiva.
“Una cárcel no puede ser escuela de violencia; el gran objetivo debe ser la reinserción, que quien cumplió su condena pueda recuperar su libertad sin nuevas heridas que lo empujen de regreso a la violencia”, enfatizó la titular del Ejecutivo local.
En cuanto a las personas que viven en situación de calle, la funcionaria solicitó replantear el funcionamiento de los albergues tradicionales. La meta es consolidar una política pública que garantice el acceso a derechos fundamentales como la vivienda digna, el empleo formal, la salud física y mental, la educación y el derecho a la identidad jurídica. Asimismo, propuso reformar profundamente la Procuraduría Social para convertirla en una auténtica defensoría del pueblo que proteja los derechos sociales.
Balance de la CDHCM y rendición de cuentas
Por su parte, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, subrayó durante su informe anual que la transparencia y la honestidad institucional resultan indispensables para evaluar la efectividad con la que se protegen las garantías ciudadanas en la capital del país.
La funcionaria detalló que durante el periodo de 2025, la institución otorgó más de 53 mil servicios a la ciudadanía y ejecutó más de 20 mil atenciones territoriales a través de sus oficinas delegacionales y el programa Ombudsmovil, logrando la resolución directa de 98 por ciento de los casos en las propias demarcaciones.
Mediante la aplicación del mecanismo de restitución inmediata, la defensoría consiguió la reparación directa de derechos en más del 87 por ciento de los expedientes concluidos, lo que representó un beneficio directo para 324 víctimas de violaciones a sus garantías.
El informe también reflejó una intensa actividad operativa a través de las visitadurías, las cuales documentaron más de 7 mil 700 quejas, cerraron más de 8 mil expedientes y publicaron 13 recomendaciones acompañadas de 16 acuerdos de conciliación.
En el ámbito del trabajo operativo en campo, la comisión participó en 422 acompañamientos institucionales. Entre estas labores sobresalen 36 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas, 71 operativos de observación durante manifestaciones y protestas sociales, además de labores formativas que permitieron capacitar a más de 464 mil personas mediante mil 320 actividades educativas orientadas a la difusión de los derechos fundamentales.
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