Para Alfredo Chávez, la reincorporación de Rubén Rocha Moya demuestra la protección institucional de Morena a la narcopolítica
El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Chávez, lanzó severas críticas contra la administración federal y el partido gobernante tras el retorno de Rubén Rocha Moya a sus actividades al frente del gobierno de Sinaloa, a pesar de que los expedientes de investigación continúan abiertos.
Durante una conferencia de prensa, el representante legislativo argumentó que esta decisión refleja una evidente parcialidad y un trato preferencial hacia los correligionarios del movimiento oficialista, contraponiéndose a los principios de transparencia y rendición de cuentas que tanto pregona la administración actual en el país.
Señalamientos de complicidad con grupos delictivos
El líder de la bancada panista detalló que las indagatorias en curso no recaen exclusivamente en la figura del gobernador, sino que alcanzan a diversos mandos y colaboradores del aparato estatal, abarcando sectores estratégicos como dependencias administrativas, corporaciones policiales, áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
Según la perspectiva expuesta por el político opositor, estas estructuras habrían operado históricamente bajo esquemas de tolerancia o complicidad con organizaciones criminales regionales. Ante este escenario, el legislador fue enfático al sentenciar: “Morena no está combatiendo la narcopolítica. La está regresando al poder”, recalcando el peligro que esto representa para el Estado de derecho en México.
Doble rasero frente a los adversarios políticos
Asimismo, el coordinador parlamentario puso sobre la mesa la disparidad de criterios que, a su juicio, prevalece en los órganos de impartición de justicia y en el discurso gubernamental. Comparó el manejo terso del caso sinaloense con la presión mediática y legal impulsada desde el centro del país contra figuras de la oposición, señalando directamente el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Para Chávez, esta dualidad operativa evidencia una aplicación facciosa de la justicia, donde los posibles actos de corrupción o nexos ilícitos son minimizados o encubiertos si provienen de la cúpula oficial, mientras que se fabrican o intensifican señalamientos cuando se trata de contrincantes políticos.
Exigencia de claridad institucional
El representante del blanquiazul advirtió que permitir la reanudación de funciones de un mandatario estatal bajo sospecha erosiona de manera profunda la credibilidad de las instituciones mexicanas y debilita el tejido social en las regiones más golpeadas por la violencia.
Finalmente, el legislador responsabilizó directamente al Gobierno Federal de tolerar y avalar la restitución de Rocha Moya sin que se hayan deslindado responsabilidades de manera transparente, reiterando que la oposición continuará señalando lo que calificó como una estrategia gubernamental de impunidad selectiva.
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