El ocaso de un modelo y la necesidad de prioridades presupuestales
Tras el desgaste de un nuevo intento por consolidar un sistema de tintes autoritarios y corporativos, el debate nacional debe centrarse en definir las metas prioritarias para México. Una ruta viable para encauzar los esfuerzos de la sociedad pasa por focalizar los recursos públicos en tres pilares fundamentales: seguridad, educación y salud.
Esta selección no es casual ni responde a caprichos políticos. Estas tres áreas responden directamente a lo que el economista William Baumol denominó hace medio siglo como la enfermedad de los costos. Según esta teoría, los sectores que exigen una alta intensidad de capital humano incrementan constantemente sus gastos en comparación con aquellos que dependen de materiales o energía, los cuales tienden a abaratarse con el tiempo.
Durante el siglo pasado, la administración pública asumió la responsabilidad mayoritaria de estos servicios, lo que exigió una mayor recaudación fiscal. Sin embargo, los ingresos rara vez alcanzaron y, al sumar las obligaciones de las pensiones, el resultado generalizado han sido gobiernos profundamente endeudados en el mundo occidental.
Reestructuración indispensable en seguridad y justicia
Ante la presión financiera, resulta imperativo diseñar políticas públicas precisas. En materia de seguridad, el primer paso consiste en delimitar con precisión la seguridad nacional de la pública, desarticulando el esquema actual. Las fuerzas armadas deben concentrarse en su misión central, dotadas del equipamiento y la preparación que fortalezcan su vocación institucional.
Por otro lado, la cadena de procuración, impartición y administración de justicia sufrió un golpe severo tras las recientes modificaciones al Poder Judicial. Actualmente, el país padece más del 95% de impunidad y un sistema penitenciario saturado. Superar esta crisis exige destinar mayores recursos económicos, pero sobre todo apostar por la profesionalización del capital humano y una mejor organización.
Enfoque estratégico para la educación básica y la salud
En el ámbito educativo, la intervención gubernamental debe concentrarse en consolidar una educación básica de 10 años que proporcione cimientos sólidos para grados posteriores, donde el Estado debería limitar su participación al esquema de becas. Estas bases formativas deben priorizar habilidades de convivencia, dominio del español, inglés, matemáticas, lógica y expresiones artísticas.
En contraste, dentro del sector salud, la estrategia estatal debe enfocarse en el extremo opuesto: cubrir los gastos catastróficos en lugar de absorber exclusivamente la atención de primer contacto. Esta necesidad se vuelve más apremiante debido a la transición epidemiológica, donde las enfermedades crónicas han desplazado a las infecciones simples como la principal carga para el sistema.
El desafío del capital humano y los costos de la transformación
El factor crítico en estas tres áreas es el capital humano. Mantener políticas de remuneraciones insuficientes genera un daño profundo al sistema, pues se paga menos, pero se obtiene casi nada. Para construir un país competitivo y equitativo, es indispensable atraer a los mejores perfiles, y eso requiere inversión.
La historia reciente ofrece lecciones sobre iniciativas que mostraron potencial pero tropezaron con obstáculos estructurales. La extinta Policía Federal logró reclutar elementos de alta calidad, pero se desmoronó al tolerar la corrupción interna y descuidar su seguimiento. De igual forma, el Seguro Popular financió de manera eficiente los padecimientos de alto costo, aunque sufrió manipulaciones políticas en distintas regiones. Asimismo, la malograda reforma educativa planteaba un marco laboral transformador que fue frenado por intereses gremiales.
Para cimentar una nación próspera, resulta inaplazable renovar de forma integral el capital humano en educación y seguridad. Es inviable procurar seguridad sin depurar las cárceles, los mandos y las corporaciones locales, así como tampoco se puede aspirar a la excelencia académica con la resistencia de facciones sindicales como la CNTE y gran parte del SNTE. Enfrentar estos retos operativos exigirá asumir costos inevitables y complejos.
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