Una nueva propuesta legislativa busca frenar el proselitismo oficial
El diputado local Jorge Soto dio a conocer que durante el próximo mes de septiembre presentará una propuesta formal en el Congreso para prohibir que las administraciones gubernamentales impriman tonalidades partidarias en la infraestructura y el patrimonio de la sociedad.
La medida pretende frenar de forma definitiva la costumbre institucional en la que cada trienio o sexenio se gastan recursos públicos para pintar patrullas, oficinas de gobierno, parques y mobiliario urbano con los tonos característicos de la fuerza política que recién llega al poder.
Gastos innecesarios y simulación institucional
Durante su intervención, el legislador recriminó que estas prácticas representan una malversación de recursos públicos que no aporta ninguna mejora real a la calidad de vida de los habitantes, operando únicamente como una estrategia de propaganda financiada con el erario.
Para solucionar esta problemática, la iniciativa contempla la creación de una imagen institucional neutral y permanente que logre trascender los periodos de gestión de cualquier fuerza política, evitando así la personalización y el uso electoral de los espacios comunitarios.
Asimismo, Soto recordó que la entidad federativa ya posee un antecedente importante en la materia al promulgar en 2014 una Ley de Imagen Institucional enfocada en el Poder Legislativo, por lo que estimó que el escenario político actual es propicio para lograr consensos que permitan extender esta regulación a los tres niveles de gobierno.
Transparencia y combate a la impunidad en las contrataciones
En el marco de un encuentro sostenido con habitantes de distintas colonias, el representante popular también profundizó en el delicado tema de las licitaciones y adquisiciones gubernamentales, alertando que el obstáculo principal radica en impedir que los marcos jurídicos sean manipulados para beneficiar a grupos de interés específicos.
Aunque reconoció que el estado cuenta con diversos filtros de fiscalización, advirtió que de manera constante se registran maniobras destinadas a eludir las normativas vigentes, poniendo en riesgo la correcta aplicación del presupuesto.
Finalmente, enfatizó que para garantizar una auténtica rendición de cuentas no basta con robustecer el marco legal mediante la colocación de candados presupuestales, sino que se requiere un compromiso ético inquebrantable por parte de los servidores públicos y, sobre todo, terminar con la impunidad, pues cualquier estrategia de vigilancia pierde su propósito cuando las faltas administrativas o de corrupción quedan sin castigo.
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