El reclamo por la dignificación laboral en la procuración de justicia
Ante la falta de respuestas favorables por parte de la administración estatal, la discusión sobre las percepciones económicas del personal encargado de investigar los delitos ha escalado al ámbito legislativo. Diversas voces han señalado que los servidores públicos encargados de integrar las carpetas de investigación enfrentan un panorama adverso marcado por el estancamiento en sus percepciones económicas durante los últimos años.
La controversia cobró fuerza luego de que el Juzgado Primero de Distrito emitiera una sentencia favorable dentro del juicio de amparo 1805/2026. Dicha resolución determinó que las autoridades estatales incurrieron en una violación al derecho de petición al omitir una contestación congruente y fundamentada a la solicitud formal ingresada el pasado 20 de mayo por los propios afectados.
Críticas a la postura oficial y recursos legales
Lejos de aceptar el mandato de la justicia federal para establecer un diálogo transparente, la respuesta institucional ha consistido en interponer recursos legales para impugnar el fallo. Esta decisión fue duramente cuestionada por la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Greycy Durán Alarcón, quien calificó la medida como un intento gubernamental para eludir una obligación ineludible.
La legisladora federal enfatizó que los trabajadores del sector merecen certidumbre y remuneraciones acorde al riesgo y la carga laboral que desempeñan cotidianamente. “Merecen condiciones dignas, mejores salarios y una respuesta clara y respetuosa de las autoridades, no evasivas ni litigios para evitar asumir una responsabilidad que les corresponde“, expresó de manera enérgica la representante popular.
El estancamiento salarial y el deslinde de responsabilidades
Asimismo, la congresista recordó que la problemática se agrava debido a que los agentes ministeriales acumulan dos años sin una mejora en sus percepciones salariales. De acuerdo con los señalamientos, la postura inicial de la mandataria estatal, Maru Campos, consistió en deslindarse de la exigencia de un incremento económico bajo el argumento de tratarse estrictamente de un trámite de carácter administrativo.
Para la representante del Partido del Trabajo, esta estrategia gubernamental evidencia una falta de voluntad política para resolver una crisis que vulnera directamente la estabilidad de las familias de los operadores de justicia. “Ahora recurre a lavarse las manos impugnando un fallo de la justicia federal“, sostuvo Durán Alarcón al referirse a la negativa de acatar las disposiciones judiciales.
Por último, la legisladora federal refrendó su solidaridad absoluta con el gremio y exigió al Ejecutivo estatal abandonar las tácticas dilatorias. Hizo un llamado urgente para reconocer el valor estratégico de quienes integran el sistema de procuración de justicia en la entidad, garantizándoles un tabulador salarial digno que corresponda a la magnitud de su labor diaria.
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