Una iniciativa para blindar los altos cargos públicos
El Poder Ejecutivo federal ha anunciado el envío de una propuesta de modificación a la carta magna con la intención de cerrar el paso a los ciudadanos con más de una nacionalidad en los puestos de mayor jerarquía política del país. La medida busca impactar de manera directa en los perfiles que aspiren a la Presidencia de la República, las diferentes gubernaturas estatales y la titularidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria nacional detalló los motivos detrás de este proyecto legislativo. “El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, deba ser sólo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad”, apuntó la jefa del Estado mexicano.
La redacción de este proyecto estuvo a cargo de la consejería jurídica del ejecutivo y del área de política y gobierno, con el fin de precisar los lineamientos actuales de la ley suprema y evitar ambigüedades interpretativas sobre los requisitos de elegibilidad.
Modificaciones clave en la constitución
El núcleo de la reforma consiste en establecer la obligatoriedad de poseer exclusivamente la ciudadanía mexicana al momento de postularse a cualquier cargo de elección popular de primer orden. De esta forma, aquellos aspirantes que posean un pasaporte o estatus legal extranjero tendrán que cumplir con un trámite específico antes de iniciar su campaña.
“Lo que estamos proponiendo es que una vez que se inscriban cuando quieran ser presidente o gobernador, deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y quedarse solamente con la mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés”, aseveró la titular del Ejecutivo.
Por su parte, la consejería jurídica detalló que la modificación abarcará tres apartados fundamentales de la ley fundamental: el artículo 82 para el ámbito federal, el artículo 116 para los gobiernos estatales y el artículo 122 para la administración de la capital del país.
Restricciones permanentes durante el ejercicio del cargo
La propuesta no se limitará únicamente a la etapa de registro electoral, sino que extenderá sus efectos a lo largo de toda la administración gubernamental. Una vez que el candidato triunfador asuma sus funciones, tendrá prohibido solicitar una nacionalidad distinta, utilizar documentos de identidad extranjeros o invocar la protección diplomática de otro gobierno.
En el caso específico de la presidencia, el texto reformado del artículo 82 estipulará que los interesados deberán contar con la ciudadanía por nacimiento, plenos derechos y haber residido en territorio nacional por lo menos durante 20 años, además de carecer de cualquier otro vínculo legal o pasaporte extranjero.
Asimismo, el equipo jurídico del gobierno federal indicó que, tras la eventual aprobación de estos cambios en el poder legislativo, se plantearán adecuaciones complementarias en la ley de nacionalidad para regular los procedimientos administrativos de renuncia ante las instancias correspondientes.
