Radiografía de las finanzas ilícitas: la estrategia de la UIF contra el crimen
En lo que va de la actual administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades financieras del país han implementado medidas severas contra el flujo de capitales de procedencia dudosa. Como resultado de estas acciones de fiscalización y combate al lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ordenado la inmovilización de un total de 24 mil 622 cuentas bancarias debido a la detección de operaciones financieras inusuales.
Durante la conferencia matutina llevada a cabo en las instalaciones de Palacio Nacional, el titular de la dependencia, Omar Reyes Colmenares, expuso los pormenores de estas acciones que buscan golpear las estructuras económicas de la criminalidad. El monto global de los recursos que han quedado congelados tras estas intervenciones asciende a la cifra de 8 mil 679 millones de pesos, reflejando un impacto directo en la capacidad de maniobra de las redes de corrupción y delincuencia.
Impacto directo en las organizaciones criminales
El desglose de la información presentada por el funcionario federal revela que una proporción significativa de las restricciones bancarias está directamente relacionada con los cárteles y pandillas de mayor peligrosidad en la República Mexicana. Del volumen total de expedientes congelados, 7 mil 861 cuentas bancarias corresponden a integrantes de estructuras delictivas que mantienen presencia e incidencia delictiva en diversas regiones del territorio nacional.
Esta cifra equivale al 31.9 por ciento de las cuentas bloqueadas en este periodo. Al respecto, el titular de la dependencia resumió el fenómeno económico delictivo con una contundente precisión:
“Prácticamente, 1 de cada 3 cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos”.
El mapa de la incidencia delictiva financiera muestra que las operaciones de congelamiento no se distribuyen de manera homogénea en el país. Las demarcaciones geográficas que concentran la mayor cantidad de estas restricciones patrimoniales son la Ciudad de México, que lidera la lista con 2 mil 300 cuentas; seguida por el estado de Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723; y la entidad fronteriza de Baja California, que registra 356 cuentas afectadas.
Acciones específicas contra la extorsión
Dentro de las vertientes prioritarias de la política de seguridad y fiscalización actual, se ha puesto especial énfasis en el desmantelamiento de las redes financieras que sostienen delitos de alto impacto social, particularmente la extorsión y el cobro de piso. Como parte de la estrategia nacional puesta en marcha el 6 de julio de 2025, los equipos de investigación económica han logrado ubicar y frenar recursos de procedencia ilícita relacionados con este ilícito.
Como producto de esta vertiente operativa específica, un total de mil 443 cuentas bancarias han sido inmovilizadas al encontrarse elementos que las ligan con carpetas de investigación por extorsión. Esta cifra representa el 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas por la institución desde el inicio de la actual administración federal.
Para ilustrar la dimensión de este problema financiero asociado a la delincuencia común y organizada, el titular de la UIF puntualizó que la afectación guarda una proporción constante dentro del universo de las investigaciones:
“En otras palabras, aproximadamente 1 de cada 7 cuentas inmovilizadas está vinculada con investigaciones por este delito”.
Con estas acciones, el gabinete de seguridad federal busca cortar los canales de financiamiento que permiten operar a las redes criminales, utilizando las herramientas del sistema financiero formal para debilitar sus estructuras logísticas y operativas en todo el país.
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