El dilema regulatorio entre proteger al público y salvaguardar la libertad editorial
Frente a las recientes discusiones sobre la normativa que rige los medios masivos de comunicación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) emitió una postura oficial en la que subraya la urgencia de encontrar un punto de equilibrio normativo. El organismo defensor enfatizó que la implementación de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias debe velar de manera estricta por los intereses de quienes sintonizan la radio y la televisión, pero bajo ninguna circunstancia esto puede traducirse en restricciones al ejercicio periodístico, la libre expresión o la autonomía editorial de los medios.
Esta intervención se dio en el marco de la consulta pública abierta para analizar la propuesta regulatoria, un espacio donde diversas instancias han debatido sobre el alcance que deben tener las nuevas disposiciones institucionales en el ecosistema mediático actual.
Fortalecimiento de la defensoría y simplificación en las quejas
Dentro de las aportaciones presentadas por el organismo protector de derechos humanos, se destacó el papel fundamental que desempeña la figura de la Persona Defensora de las Audiencias dentro de las empresas concesionarias. A juicio de la institución, este rol no puede ser meramente decorativo, sino que requiere dotarse de independencia funcional, accesibilidad directa para la ciudadanía y una capacidad real de gestión para responder con eficacia a las demandas de las personas usuarias.
Asimismo, la CEDH planteó que los códigos de ética internos de cada medio de comunicación conserven su naturaleza de autorregulación, permitiendo que las empresas mantengan un compromiso ético propio y adaptado a sus líneas editoriales. Paralelamente, se solicitó la creación de procedimientos ágiles y sencillos que faciliten a la ciudadanía la presentación de inconformidades sin trabas burocráticas innecesarias.
Prevención de la censura y defensa del pluralismo democrático
Uno de los puntos más críticos señalados por el organismo autónomo estuvo relacionado con las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La institución advirtió sobre la importancia de delimitar con absoluta claridad las facultades de este órgano supervisor para impedir cualquier clase de intromisión en el terreno de los contenidos informativos, las opiniones emitidas por comunicadores o las decisiones editoriales de los medios.
De acuerdo con la evaluación de la defensoría, una regulación gubernamental carente de límites precisos podría generar un clima de autocensura y desatar efectos inhibidores en el gremio periodístico, lo cual atentaría directamente contra el pluralismo democrático. Por esta razón, la entidad reiteró su llamado a diseñar marcos normativos que armonicen la defensa de las audiencias con el pleno respeto a las libertades fundamentales de expresión e información.
About the Author
