Escala la violencia en Zacatecas tras atentado con explosivos
La creciente crisis de seguridad que padece el estado de Zacatecas experimentó un nuevo nivel de gravedad este fin de semana, luego de que se perpetrara un atentado con un coche bomba directamente contra la sede de la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente. El secretario general de Gobierno de la entidad, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la magnitud de la agresión y los daños ocasionados por el artefacto explosivo.
Como resultado directo de la detonación, un total de 11 personas resultaron lesionadas, cifra que incluye a dos elementos policiales y nueve ciudadanos. Las autoridades estatales precisaron que uno de los afectados se encuentra bajo atención médica debido a la gravedad de sus heridas. Asimismo, horas después del suceso, las corporaciones de seguridad confirmaron la captura de un individuo presuntamente implicado en los hechos.
De acuerdo con las primeras indagatorias expuestas por el funcionario estatal, el automóvil particular cargado con explosivos fue abandonado de manera intencional justo frente al edificio oficial. Fue la perspicacia de uno de los oficiales de guardia, quien al percatarse de una anomalía salió a realizar una revisión, lo que precedió al estallido. “La onda explosiva hizo un mayor daño a los inmuebles que están cercanos”, declaró el representante gubernamental al detallar la dinámica del evento.
Graves destrozos materiales y temor en la comunidad
El impacto de la explosión modificó drásticamente el entorno urbano de la zona colindante con la comandancia. El balance oficial al término de las primeras diligencias reportó la destrucción parcial de la fachada del edificio policial, dos patrullas totalmente calcinadas, daños en 11 vehículos particulares y afectaciones estructurales en al menos 38 viviendas y comercios ubicados en las inmediaciones.
Para los habitantes de Ojocaliente, la noche estuvo marcada por el desconcierto y el miedo prolongado hasta las primeras horas del día siguiente. “Esto lo miramos ya como un acto terrorista”, expresó un poblador de la tercera edad ante medios informativos locales, reflejando el sentir generalizado de los residentes, quienes reportaron el colapso de muros y cristales rotos en sus hogares, además de reclamar una respuesta más ágil por parte de las instituciones gubernamentales para auxiliar a los damnificados.
Líneas de investigación y postura oficial
Equipos de peritos especializados se encuentran analizando los componentes químicos y el tipo de material empleado en la carga explosiva. En paralelo, las corporaciones de seguridad federales y estatales han colocado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la principal línea de investigación detrás de este suceso.
Este evento violento constituye el tercer ataque con explosivos dirigido contra instituciones encargadas de la seguridad pública en un periodo de apenas siete días en la región sur de la entidad. A pesar de la escalada, el gobernador David Monreal ha descartado tajantemente que el estado atraviese por una situación de narcoterrorismo, atribuyendo la agresión a una respuesta desesperada de las organizaciones criminales ante las acciones de la autoridad. El mandatario defendió la estrategia implementada y sostuvo que la entidad “sigue siendo uno de los estados más seguros” del territorio nacional.
El uso histórico de coches bomba en México
El empleo de vehículos acondicionados con explosivos representa una táctica criminal que ha estado presente en el país durante más de tres décadas. Este caso en Ojocaliente se convierte en el segundo registro de este tipo en lo que va del año, recordando el incidente reportado en agosto pasado sobre una carretera en Escuinapa, Sinaloa, el cual afortunadamente no dejó víctimas mortales.
Estudios elaborados por especialistas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) indican que en los últimos treinta años se han documentado al menos 22 atentados con coches bomba en diferentes regiones de la República Mexicana. El análisis histórico ubica a Tamaulipas en el primer sitio con siete eventos, seguido por Guanajuato y Nuevo León con tres cada uno; Michoacán, Chihuahua e Hidalgo registran dos casos de manera individual, mientras que Jalisco, Sinaloa y Zacatecas contabilizan uno respectivamente.
Los investigadores señalan que esta práctica registró un periodo de inactividad de aproximadamente 13 años, coincidiendo con la fragmentación y declive de la organización criminal conocida como Los Zetas. Sin embargo, en los últimos tres años se ha observado un resurgimiento de esta clase de agresiones por parte del CJNG.
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