Una propuesta para homologar la protección institucional
La iniciativa legislativa orientada a dotar de inmunidad constitucional al máximo responsable de la fiscalización local representa un paso necesario para alinear la normativa estatal con los estándares nacionales. Según indicó el titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, esta medida busca equiparar las condiciones del organismo con las de la gran mayoría de las instituciones homólogas distribuidas en todo el país, abarcando tanto el ámbito federal como el de diversas entidades federativas.
El funcionario federal detalló que prácticamente la totalidad de los organismos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción otorgan esta salvaguarda a sus directores. Por este motivo, la eventual aprobación del proyecto normativo colocaría a la oficina estatal en una posición de paridad operativa y jurídica frente a otras dependencias dedicadas a la supervisión del erario.
Garantías para el ejercicio de la rendición de cuentas
Lejos de tratarse de un privilegio de carácter personal, Acosta Félix argumentó que la figura de la protección legal se traduce en una herramienta indispensable para consolidar la autonomía e independencia de la institución encargada de auditar el uso de los fondos públicos.
El titular del órgano fiscalizador subrayó que este respaldo jurídico no se limita a resguardar a la persona en funciones, sino que impacta de manera directa en la calidad y profundidad de las labores de revisión. Al contar con este blindaje, los procedimientos de fiscalización y las observaciones a las cuentas públicas pueden desarrollarse con un margen superior de libertad técnica y autonomía operativa, minimizando presiones externas durante las investigaciones.
Consolidación del marco fiscalizador local
Con esta modificación jurídica, el estado se sumaría a la tendencia nacional donde los responsables de revisar las cuentas públicas operan bajo un marco de protección constitucional. Para el organismo fiscalizador, esta condición resulta fundamental para garantizar que el escrutinio sobre el manejo de los recursos públicos se efectúe bajo criterios estrictamente técnicos, imparciales y apegados a derecho.
Finalmente, la reforma propuesta no solo busca resolver un pendiente normativo en la estructura de control gubernamental, sino dotar de mayor solidez institucional a los procesos de fiscalización que se llevan a cabo en beneficio de la ciudadanía, asegurando que las revisiones financieras transcurran con las debidas garantías constitucionales para el personal encargado de vigilar el patrimonio público.
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