La cuestionada cooperación entre México y la academia cubana
El reciente anuncio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) sobre su intención de unir esfuerzos con la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en Cuba, ha generado profunda preocupación y desconcierto. El propósito oficial del acuerdo es impulsar la educación, investigación, capacitación y conocimiento en favor de los derechos humanos y de la cultura de paz, un planteamiento que en la práctica se percibe como una legitimación política.
Analistas y defensores de derechos humanos señalan que no se trata de un simple intercambio académico inofensivo. Más bien, representa el espaldarazo a un modelo universitario que durante décadas ha instrumentalizado la matrícula, la cátedra y los grados académicos como herramientas de castigo ideológico y control social.
Antecedentes de hostigamiento y expulsiones por motivos políticos
Diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio de Libertad Académica, han documentado un historial recurrente de sanciones y expulsiones en el sistema de educación superior cubano. La Universidad de Las Villas figura de forma prominente en estos registros debido a medidas drásticas contra estudiantes y docentes que expresan opiniones contrarias al oficialismo.
Uno de los casos emblemáticos ocurrió en 2017, cuando la institución expulsó a la estudiante de periodismo Karla María Pérez González por su vinculación con un movimiento cívico. Paralelamente, la profesora Dalila Rodríguez González fue cesada de su puesto por supuestas actitudes políticas contrarias a la línea oficial. Aquellas decisiones, avaladas por las autoridades rectoras y respaldadas por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) bajo la premisa de que el estudiantado universitario no aceptará jamás la contradicción ideológica, evidencian una doctrina de exclusión institucionalizada.
Este patrón represivo posee raíces profundas. En 2002, en la provincia de Camagüey, el Instituto Superior Pedagógico José Martí sancionó y expulsó a alumnos que firmaron el Proyecto Varela, una iniciativa amparada por la propia ley fundamental del país. Entre los afectados se encontraban Roger Rubio Lima, Yoan Columbié Rodríguez y Harold Cepero Escalante, quienes sufrieron actos de hostigamiento público. Años más tarde, en 2012, Harold Cepero falleció junto al opositor Oswaldo Payá, un suceso por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado cubano.
Asimismo, en 2003, la Universidad de Pinar del Río despidió al profesor de derecho Yaxys Dallan Cires Dib, actual director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), tras negarse a participar en actos de adhesión política y apoyar la misma iniciativa ciudadana. Aquella acción dejó en claro que la permanencia en la docencia estaba condicionada a la afinidad partidista.
El riesgo del lavado reputacional institucional
Para los críticos de este convenio, resulta contradictorio que un organismo encargado de salvaguardar las garantías fundamentales en México establezca alianzas con entidades de un Estado que condiciona el acceso a la formación superior a la lealtad política. Según advierten especialistas, las defensorías del pueblo pierden su rol de contrapeso democrático cuando eligen a sus contrapartes en función de afinidades ideológicas en lugar de estándares universales.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos relatores de la Organización de las Naciones Unidas han documentado de forma consistente las violaciones sistemáticas en la isla. Por lo tanto, minimizar esta realidad bajo el argumento de una mirada crítica regional equivale, según los detractores, a un alineamiento político que favorece la impunidad.
El fenómeno refleja un problema más amplio dentro de los foros multilaterales y las redes de defensoría, donde en ocasiones se relativizan las transgresiones de los aliados mientras se exige rigor estricto a los adversarios. Con estas acciones, las instituciones de derechos humanos corren el riesgo de vaciar de contenido su mandato original, enviando un mensaje desalentador a quienes sufren persecución y censura en el ejercicio de sus libertades fundamentales.
About the Author
