Denuncian presunta red de corrupción y extorsión en el reclusorio de Chalco
Una grave problemática al interior del sistema penitenciario estatal ha salido a la luz luego de que se difundiera una grabación audiovisual en plataformas digitales. En el material gráfico, un grupo de personas privadas de la libertad en el centro penitenciario ubicado en Chalco expuso una serie de irregularidades que van desde la intimidación sistemática hasta la comercialización forzada de productos prohibidos.
De acuerdo con los testimonios expuestos en la secuencia digital, los reclusos son víctimas constantes de amenazas de agresión física si se niegan a cumplir con las cuotas impuestas por la administración interna. La situación pone en evidencia un aparente autogobierno y fallas severas en los protocolos de control y supervisión que deben garantizar la integridad de la población penitenciaria.
Señalamientos directos contra el responsable de seguridad
El foco de las acusaciones apunta de manera directa hacia el encargado del área de seguridad del penal. Según los dichos de los propios internos en el audiovisual, este funcionario municipal o estatal —cuya identidad ya es investigada por las instancias correspondientes— presuntamente encubre y dirige un esquema de negocios ilícitos dentro de las instalaciones.
Entre las principales actividades ilícitas que se obligaría a realizar a los reclusos se encuentran la distribución ilegal de alcohol y sustancias prohibidas entre los dormitorios. Asimismo, se documentaron prácticas recurrentes de extorsión a familiares a cambio de permitir el ingreso de alimentos, evitar traslados a zonas de castigo o reducir supuestos riesgos de agresiones físicas.
Exigen intervención urgente de las autoridades competentes
La filtración de este documento audiovisual ha generado una profunda preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y los familiares de los internos, quienes desde hace tiempo han manifestado su inquietud por las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas recluidas en este centro de reinserción social.
Ante la gravedad de los hechos expuestos públicamente, se espera que la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inicien una indagatoria formal e imparcial para esclarecer los hechos, suspender preventivamente a los funcionarios implicados y restablecer el orden y la legalidad al interior del penal de Chalco.
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