Chihuahua castiga el acecho con penas de cárcel
El poder legislativo de Chihuahua dio luz verde a una reforma histórica para combatir la violencia y el hostigamiento sistemático en la entidad. Con esta modificación al marco legal, el estado incorpora por primera vez la figura delictiva del acecho, estableciendo sanciones privativas de la libertad que van de uno a tres años de prisión, además de sanciones económicas para aquellos individuos que hostiguen de forma persistente a otros ciudadanos.
Conductas sancionadas y modalidades digitales
La nueva disposición legal abarca tanto el seguimiento presencial como aquel que se lleva a cabo a través de tecnologías de la información. De acuerdo con el dictamen avalado, se considerará delito cuando se realicen actos continuos de vigilancia, persecución o intentos reiterados de comunicación no solicitada. El objetivo central de estas conductas punibles es el de vigilar, amedrentar o presionar a la persona afectada, provocándole un estado constante de temor o afectando de manera profunda su dinámica diaria y tranquilidad.
Agravantes y supuestos especiales de la pena
El marco normativo aprobado contempla agravantes que incrementan la sanción corporal hasta en una tercera parte respecto a su base original. Esto aplicará de manera estricta cuando la víctima se encuentre en condición de vulnerabilidad por ser menor de edad, cuando entre el agresor y la persona afectada exista o haya existido un vínculo de matrimonio, noviazgo o lazos de parentesco. Asimismo, la penalidad aumentará si se acredita un abuso de poder derivado de una relación laboral o de confianza, o si el transgresor incumple deliberadamente con una medida o orden de protección emitida por la autoridad competente.
Origen legislativo y contexto de la reforma
La creación de esta nueva tipificación penal proviene de la unión de cuatro propuestas distintas impulsadas a lo largo de 2025 por representantes populares de fuerzas políticas como el Partido Acción Nacional y Morena. Los legisladores coincidieron en que los marcos jurídicos previos resultaban limitados, ya que obligaban a encasillar estas conductas de hostigamiento persistente bajo figuras genéricas como el acoso sexual o las amenazas directas, las cuales no alcanzaban a dimensionar ni sancionar adecuadamente la gravedad del acecho crónico.
Mediante este aval unánime, la demarcación chihuahuense se adhiere al grupo de estados que reconocen el acecho como una conducta delictiva independiente, dotando a las instituciones de procuración de justicia de un mecanismo legal idóneo para frenar la violencia sistemática antes de que derive en agresiones físicas de mayor magnitud.
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