La administración municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, se encuentra en el centro del debate político luego de que el alcalde Nicolás González Elizalde utilizara su Segundo Informe de Gobierno para justificar la adquisición de un financiamiento bancario que supera los siete millones de pesos. La postura del edil desató diversas reacciones entre los asistentes y en las plataformas digitales debido a la forma en la que abordó el cuestionamiento sobre el uso de los recursos públicos.
Justifican inversión superior a 25 millones de pesos
Durante su discurso oficial, el mandatario local rechazó tajantemente cualquier señalamiento de desvío o enriquecimiento ilícito. Detalló que el capital obtenido mediante la deuda pública sirvió para detonar proyectos de infraestructura y urbanización en beneficio de las comunidades de la demarcación.
Según la información expuesta por el propio presidente municipal, el empréstito contraído ascendió exactamente a 7 millones 339 mil pesos con la institución financiera Banobras, fondos que ingresaron a las arcas locales durante el mes de octubre de 2025.
El edil puntualizó que del total de ese financiamiento, una suma aproximada de 6 millones 17 mil pesos representó la aportación directa del municipio. Al conjuntar esta partida con otros fondos disponibles, la administración logró concretar una bolsa de inversión superior a los 25 millones de pesos destinados a diferentes trabajos de obra pública.
La frase que encendió el debate público
El momento más álgido de la ceremonia se produjo cuando el alcalde respondió directamente a los críticos y detractores que cuestionaban la legalidad y conveniencia de adquirir compromisos financieros. En un tono enérgico que rápidamente comenzó a circular en grabaciones de video por internet, González Elizalde pronunció la declaración que acaparó los titulares locales: “No me he robado ningún peso; al contrario, si lo robé, fue para dárselo a ustedes”.
Dicha afirmación polarizó las opiniones de los habitantes y usuarios digitales, reavivando las discusiones en torno a la rendición de cuentas, el uso adecuado del erario y la retórica empleada por las autoridades municipales frente a la ciudadanía.
Fiscalización y comprobación de los recursos
Tras la controversia generada por las palabras del presidente municipal, diversos sectores sociales han exigido mayor claridad sobre la aplicación de los dineros públicos. Ante esto, el equipo del ayuntamiento ha sostenido que la documentación contable y fiscal requerida ya fue entregada puntualmente a las instancias fiscalizadoras correspondientes.
Hasta el momento, ninguna institución fiscalizadora o de procuración de justicia ha abierto una indagatoria formal fundamentada de manera exclusiva en las declaraciones públicas del edil. Por consiguiente, la validación definitiva sobre la correcta aplicación de este crédito quedará sujeta estrictamente a las auditorías técnicas y a la revisión exhaustiva de los expedientes financieros que realizan los órganos de fiscalización competentes.
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