Chihuahua aprueba sanciones penales contra el acecho para frenar la escalada de violencia
El poder legislativo de Chihuahua dio un paso fundamental en materia de procuración de justicia y derechos humanos al avalar de manera oficial la tipificación del delito de acecho en el Código Penal de la entidad. Esta nueva disposición jurídica establece sanciones privativas de la libertad que van de uno a tres años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre los 60 y 300 días, dirigidas específicamente a quienes hostiguen a otras personas.
La medida punitiva aplicará de forma directa para cualquier individuo que, sin contar con el consentimiento de la víctima y con el claro propósito de ejercer control, intimidación o coacción, lleve a cabo de manera constante y reiterada conductas de persecución, vigilancia física o intentos de comunicación que no sean deseados por la persona afectada.
Una respuesta institucional ante un vacío legal histórico
Durante la discusión del dictamen en el pleno, la diputada América Aguilar subrayó la relevancia de reconocer esta conducta ilícita en la legislación local, argumentando que esto facilitará la atención oportuna de situaciones que con anterioridad carecían de un marco normativo adecuado para ser presentadas formalmente ante las autoridades ministeriales.
La legisladora enfatizó que esta problemática suele representar el inicio de agresiones más graves, por lo que su penalización es una barrera de contención indispensable. “El acecho es siempre el primer paso de cualquier otro crimen”, afirmó la diputada durante su intervención en la sesión ordinaria del Congreso estatal.
Asimismo, se destacó que la reforma fortalece los mecanismos legales destinados a salvaguardar el derecho fundamental de las mujeres a radicar en un entorno seguro y libre de agresiones, brindando herramientas de protección tangibles frente a esquemas de hostigamiento sistemático que antes quedaban en la impunidad o diluidos en otras categorías jurídicas.
Consenso político y participación de la sociedad civil
La consolidación de este marco legal no responde a una sola fuerza política, sino que fue el resultado de un ejercicio de análisis y síntesis legislativa. El documento aprobado se estructuró a partir de la integración de cuatro iniciativas distintas impulsadas por representantes populares pertenecientes a diversas fracciones parlamentarias, concretamente del Partido del Trabajo, el Partido Acción Nacional y el partido Morena.
Al término de la votación que avaló la reforma por unanimidad, Aguilar reconoció la labor colaborativa desarrollada de manera conjunta entre los diferentes legisladores, así como la valiosa aportación de colectivos y activistas sociales, quienes insistieron en la urgencia de dotar a las instituciones de herramientas eficaces para combatir el acecho antes de que derive en tragedias mayores.
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