Exigen transparencia y castigo sin distingos políticos
El debate político en el estado de Chihuahua ha tomado un nuevo giro luego de que diversas voces legislativas exigieran que las indagatorias en contra de la administración de Gregorio Chávez Treviño al frente de Liconsa avancen con total transparencia y apego a la legalidad, sin permitir que los lazos familiares con figuras de la política nacional interfieran en la impartición de justicia.
Las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación han puesto bajo la lupa el manejo de recursos y las decisiones administrativas tomadas durante su gestión, generando cuestionamientos sobre la rendición de cuentas en las dependencias federales que operan en la entidad norteña.
Llamado a evitar la impunidad
Durante posicionamientos recientes ante los medios de comunicación, el diputado local Saúl Mireles recalcó que las irregularidades detectadas en la gestión de Gregorio Chávez Treviño al frente de Liconsa en Chihuahua no deben de quedar impunes y que las investigaciones sigan su curso, sin importar los vínculos familiares del exfuncionario con la senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez.
El legislador enfatizó que la ley debe aplicarse de manera pareja, independientemente de la posición política o las influencias que los implicados puedan tener debido a sus relaciones familiares. Para el representante popular, la prioridad institucional debe ser la protección del erario y la correcta fiscalización del servicio público.
Cuestionamientos sobre posibles influencias
Mireles señaló que espera que las autoridades actúen conforme a derecho y que no se pretenda “tapar” la situación por tratarse del hermano de una legisladora. El legislador sostuvo que, ante los señalamientos existentes, debe garantizarse que se investigue y, en su caso, se determinen las responsabilidades correspondientes.
La petición deja sobre la mesa una pregunta incómoda en medio del caso: que el parentesco político no termine convirtiéndose en una especie de salvoconducto para que las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación se queden guardadas en algún cajón. Para Mireles, lo importante es que no haya impunidad y que el caso se esclarezca.
El futuro de las indagatorias
Mientras los órganos fiscalizadores continúan revisando la documentación y los expedientes correspondientes, diversos sectores de la sociedad civil y de la oposición política han manifestado su intención de mantenerse vigilantes para asegurar que el proceso no sea archivado ni minimizado.
La exigencia principal es que las instituciones encargadas de procurar justicia demuestren autonomía y capacidad resolutiva frente a casos donde se involucren recursos públicos y personajes con cercanía al poder, garantizando así la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de combate a la corrupción.
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