Una crisis estructural que golpea a las aulas universitarias
El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido el pasado 12 de septiembre en el estado mexicano de Morelos, ha reabierto el debate sobre la violencia machista en el país latinoamericano. La joven canaria participaba en un intercambio académico cuando fue ultimada, un crimen por el cual las autoridades detuvieron días después a un sospechoso identificado como Francisco Javier, alias El Trompas.
Sin embargo, el caso de Tacoronte no es un hecho aislado. Su muerte se suma a la de otras tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM): Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Fuentes, con edades comprendidas entre los 15 y 20 años, cuyos crímenes o desapariciones sucedieron en un periodo de apenas siete meses y continúan mayoritariamente sin resolver.
Estas muertes han provocado una ola de protestas en Cuernavaca y otras localidades, donde colectivos feministas denuncian que el foco mediático e institucional suele apartarse del problema central. Morelos registra actualmente la segunda tasa de feminicidios más alta de todo el territorio nacional, evidenciando un contexto de inseguridad que afecta de forma directa a las mujeres que transitan y estudian en la región.
El tratamiento mediático y la desigualdad en las coberturas
Diversas expertas y activistas han criticado la diferencia con la que se cubren estos sucesos a nivel internacional. La historiadora Tatiana Romero señala que existe un sesgo evidente dependiendo de la procedencia y la racialización de las víctimas. Según Romero, se destaca en exceso la nacionalidad española de Tacoronte «como si la nacionalidad hiciera un cambio», invisibilizando al mismo tiempo crímenes similares contra mujeres mexicanas o de otras regiones del mundo que no reciben la misma atención mediática ni institucional.
En este sentido, Romero recuerda casos como el de María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven mexicana hallada sin vida en un canal de Berlín en 2023, cuya muerte no fue investigada bajo la figura de feminicidio ni acaparó los mismos titulares. Las activistas sostienen que la nacionalidad de la víctima resulta irrelevante frente al trasfondo común: una estructura social que permite que las mujeres sean asesinadas con total impunidad.
Colapso institucional y brecha en la aplicación de las leyes
México cuenta formalmente con un marco legislativo pionero. Desde el año 2012, el feminicidio está tipificado como un delito autónomo en el Código Penal Federal gracias a décadas de lucha de los movimientos sociales, impulsados en su día por figuras como la antropóloga Marcela Lagarde. No obstante, las expertas apuntan a una enorme brecha entre la teoría jurídica y la realidad operativa de las fiscalías y tribunales.
Para la abogada especializada en derechos humanos Melissa Ayala, «el diagnóstico más honesto es que México tiene, en el papel, uno de los marcos conceptuales más sofisticados de la región pero con una brecha de implementación enorme». Ayala destaca que los principales obstáculos radican en la falta de recursos, periciales sin perspectiva de género y la saturación de los ministerios públicos.
Por su parte, la investigadora Emanuela Borzacchiello profundiza en las causas sistémicas que posibilitan estas agresiones. En su opinión, «la falta de estrategias preventivas eficaces y el colapso institucional en la seguridad pública local posibilitan el acto. Y también la estructura social patriarcal teje la permisividad social indispensable para que los agresores asuman que sus actos no tendrán consecuencias catastróficas para ellos». La autora vincula los cuerpos de las jóvenes con economías precarizadas e ilegales donde operan diversas redes de poder.
Una genealogía de resistencia y memoria colectiva
La lucha contra los crímenes de género en América Latina posee una larga tradición que se remonta a las históricas movilizaciones de los años noventa en Ciudad Juárez. Aquella respuesta colectiva de las madres y los colectivos locales logró sentar precedentes jurídicos fundamentales, como la histórica condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano en 2009.
Hoy en día, las consignas de colectivos como el chileno Lastesis continúan resonando en las calles para recordar que la responsabilidad recae sobre las estructuras estatales y la impunidad sistémica. Frente al devastador efecto dominó que generan estos crímenes en la sociedad, las redes de estudiantes y organizaciones civiles en México insisten en una premisa fundamental expresada en sus protestas: «No queremos ser la próxima cifra. Queremos volver a casa».
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