Un pacto nacional para proteger el aprendizaje escolar
Durante la realización de la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), representantes de las 32 entidades federativas concretaron una resolución unánime para limitar la presencia de dispositivos móviles en los recintos escolares del país. La medida busca propiciar dinámicas pedagógicas más efectivas y salvaguardar la concentración del estudiantado durante sus horas de clase.
En nombre del titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, fue el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, quien suscribió el documento oficial que compromete a los estados a fortalecer entornos escolares seguros y enfocados en el aprendizaje.
Niveles de aplicación y lineamientos específicos
Las directrices regulatorias comenzarán a surtir efecto a partir del próximo mes, adoptando modalidades diferenciadas según la etapa de formación académica. De acuerdo con lo estipulado, en las escuelas de nivel primaria y secundaria la restricción del uso de celulares se mantendrá vigente durante toda la jornada escolar.
Por otro lado, tratándose de la Educación Media Superior, se determinó que cada institución educativa definirá sus normativas particulares mediante acuerdos internos con su comunidad. En cuanto al Nivel Superior, se respetará la autonomía universitaria para que cada casa de estudios establezca su propia política al respecto.
Plazos y participación de madres, padres y docentes
El esquema de implementación contempla un periodo de 30 días hábiles, el cual iniciará al día siguiente de que la disposición sea publicada formalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este lapso estará destinado a la organización de asambleas informativas dirigidas a padres, tutores y profesores.
Dichos encuentros comunitarios tienen el propósito de socializar los criterios de la normativa, generar conciencia sobre el uso responsable de la tecnología y definir la logística operativa que implementará cada colegio.
Finalmente, se otorgó un plazo de 180 días naturales para que las administraciones educativas estatales procedan a la creación o modificación de los marcos jurídicos locales, asegurando la correcta armonización del acuerdo tanto en planteles públicos como privados. La sesión de trabajo nacional fue conducida por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, con el respaldo de los secretarios del ramo de todo el territorio nacional.
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