Un pacto histórico congelado por la presión de Washington
El Gobierno británico ha anunciado un inesperado cambio de rumbo respecto al futuro de las islas Chagos. Años después de iniciar un proceso negociador y de que la justicia internacional se pronunciara al respecto, el actual primer ministro, Andy Burnham, ha confirmado que revisará los términos del entendimiento alcanzado previamente por su antecesor, Keir Starmer, con el objetivo de satisfacer las demandas de Donald Trump.
Este giro se produce después de que el mandatario estadounidense calificara abiertamente el tratado de “terrible” y “ridículo” durante un acto público celebrado en Nueva York. El documento en cuestión contempla la restitución de la soberanía del archipiélago a Mauricio, manteniendo operativa la base militar conjunta situada en el atolón Diego García a cambio de un arrendamiento a largo plazo asumido por Londres.
Críticas a la gestión militar y freno a la ratificación
El malestar de Washington se intensificó debido a desacuerdos operativos sobre el uso estratégico de las instalaciones castrenses en el océano Índico. Ante la postura inflexible de la Casa Blanca, la ratificación oficial del texto, rubricado en mayo de 2025, se encuentra actualmente en punto muerto.
Por su parte, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, reconoció públicamente la imposibilidad de avanzar sin el beneplácito de su aliado norteamericano. “Tenemos que hacerlo porque Estados Unidos no lo apoya”, admitió, subrayando la necesidad de reorientar la estrategia bilateral para alinearla con los intereses del ejecutivo estadounidense.
El drama humano y el dilema legal del archipiélago
Esta crisis diplomática reabre el debate sobre la situación de los chagosianos, los pobladores originarios que fueron desalojados de sus hogares de manera forzosa entre las décadas de 1960 y 1970 para permitir la construcción de la infraestructura militar.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó en su momento que la separación del archipiélago vulneró la legalidad internacional, dejando a Londres en una posición compleja. Expertos legales como el abogado Philippe Sands han instado a las administraciones implicadas a priorizar el reasentamiento de las familias desplazadas mientras se resuelve el conflicto geopolítico en torno a la soberanía de las islas.
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