El trasfondo del rechazo a la privatización vial
El debate sobre el uso y destino del patrimonio urbano cobró relevancia luego de que el regidor y presidente del Consejo estatal de Morena, Hugo Eduardo González Muñiz, expresara su postura en contra de ceder un segmento vial para el desarrollo de un proyecto comercial. El edil argumentó que estas prácticas ponen en entredicho la protección de los espacios colectivos frente al lucro corporativo.
“Me opongo rotundamente a la enajenación o venta de un tramo de la calle Bustamante. Y lo digo con toda claridad, porque aquí no estamos discutiendo únicamente si 18 millones de pesos son mucho o poco. Estamos discutiendo algo más profundo: si un bien público, una calle que pertenece a toda la comunidad, puede transferirse de manera permanente a intereses privados para complacer a determinados grupos empresariales”, declaró el regidor.
Implicaciones para la movilidad y el tejido social
Durante su posicionamiento, el representante popular criticó los argumentos que buscan justificar la transacción bajo la premisa de generar plusvalía o embellecer la zona, calificando tales posturas como una ofensa para los habitantes. Recordó que los espacios de tránsito son de dominio institucional y su relevancia trasciende el flujo vehicular inmediato, ya que garantizan la conectividad y el ordenamiento territorial a largo plazo.
La privatización de un segmento de la red vial no solo implica la pérdida definitiva de un activo social, sino que también establece un precedente alarmante donde el capital comercial se antepone a los derechos de la colectividad. Asimismo, los expertos en urbanismo y los propios funcionarios señalan que estas acciones fracturan la continuidad de las rutas, saturan las arterias viales alternas e incrementan de forma notable los tiempos de traslado para la ciudadanía.
Cuestionamientos sobre transparencia y participación vecinal
Otro de los puntos críticos señalados por la administración interna radica en la falta de claridad en los dictámenes técnicos y en la cercanía percibida entre las cúpulas gubernamentales y los consorcios empresariales, lo que alimenta sospechas de favoritismo. Respecto al proceso de concertación con los residentes de la colonia Altavista, se exigió que cualquier consulta sea previa y vinculante, y no un mero requisito burocrático posterior a los acuerdos.
Por otro lado, se cuestionó la magnitud económica de la operación frente al presupuesto gubernamental. La contraprestación propuesta de 18 millones de pesos equivale a un escaso 0.25% del presupuesto anual municipal para 2026, una cifra que contrasta con el impacto negativo permanente que sufriría la movilidad de la zona.
“No estoy en contra de la inversión privada. Estoy en contra de que se use la inversión privada como argumento automático para disponer del patrimonio de todas y todos. Estoy a favor del desarrollo, pero de un desarrollo que respete la ciudad, la movilidad, los servicios, la participación vecinal y el interés público”, concluyó el funcionario.
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