Solicitud formal para modificar la medida cautelar
La defensa legal y el círculo cercano de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, han intensificado sus gestiones ante el Poder Judicial para lograr que el exmandatario enfrente su proceso legal fuera de un centro penitenciario. Fue su hija, Verónica Ruffo, quien alzó la voz públicamente para confirmar que se ha solicitado formalmente el cambio de prisión preventiva hacia la modalidad de prisión domiciliaria.
De acuerdo con la información proporcionada por la familia, la diligencia judicial encargada de analizar esta petición quedó fijada para este viernes 25 de septiembre a las 10:30 de la mañana. El encuentro legal se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, un punto estratégico para el desarrollo de este caso de alto perfil político y jurídico.
Detalles técnicos y logísticos de la audiencia
Fuentes cercanas al proceso indicaron que la reunión ante la autoridad judicial no será abierta al público general, sino que se desarrollará de manera privada y por videoconferencia con el propósito de agilizar los protocolos y garantizar las medidas de seguridad correspondientes.
La conducción de esta audiencia recaerá en la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, quien tendrá la responsabilidad de escuchar los argumentos de ambas partes para decidir si procede o no la modificación de la medida cautelar que actualmente mantiene al exfuncionario privado de su libertad. El expediente en su contra incluye acusaciones graves vinculadas con delincuencia organizada y contrabando de combustibles, delitos por los cuales permanece interno desde mediados de julio en el penal federal de máxima seguridad conocido como El Altiplano.
Argumentos médicos y antecedentes en el caso
Para respaldar la solicitud de traslado a un domicilio particular, la familia argumenta que el exgobernador cumple cabalmente con los supuestos jurídicos establecidos en la Ley de Ejecución Penal. Entre los factores principales destacan su edad avanzada, al contar con 70 años, así como diversos padecimientos y problemas de salud que, según sus allegados, se ven agravados por las condiciones de reclusión en el centro federal.
Asimismo, los representantes legales y los familiares sostienen que las circunstancias actuales descartan por completo cualquier peligro latente de que el imputado intente evadir la acción de la justicia o sustraerse del proceso penal que se sigue en su contra.
Un elemento clave que la defensa planea poner sobre la mesa durante la audiencia son los precedentes recientes dentro de la misma causa penal. En el transcurso de las investigaciones, otros coacusados han logrado el beneficio de continuar sus juicios bajo prisión domiciliaria. Entre ellos figuran los hermanos Guillermo y José María de la Peña Rosales, además de Juan Hermilo Chávez, quien a sus 86 años logró obtener un amparo federal que le permitió abandonar las instalaciones del Altiplano para seguir el proceso desde su hogar.
El fallo que emita la jueza este viernes marcará un rumbo definitivo sobre las condiciones en las que Ruffo Appel continuará respondiendo ante la justicia federal, una resolución que dependerá exclusivamente de la valoración de los elementos médicos y legales presentados por su defensa.
