Un juez federal frena la prohibición de Donald Trump contra varios medios y ordena su regreso a la Casa Blanca
La justicia estadounidense ha dictado un revés significativo para la administración de Donald Trump. El juez federal Timothy Kelly ha ordenado bloquear de manera provisional la restricción que impedía el acceso a la residencia presidencial a los reporteros de CNN, MSNOW y Politico, una medida que generó una ola de solidaridad y plantes entre otros profesionales de la comunicación.
Una medida cautelar de dos semanas
Esta decisión judicial consiste en una suspensión temporal de 14 días sobre la orden ejecutiva impulsada por el mandatario. Durante este periodo, los periodistas afectados recuperarán de inmediato sus credenciales para ingresar al recinto gubernamental, mientras el tribunal analiza a fondo el recurso legal presentado por las empresas informativas.
El conflicto estalló cuando el presidente de EE. UU. vetó a estos portales informativos bajo el argumento de que su labor informativa carecía de veracidad. “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCI&OUCHI;N y MENTIRAS al cubrir al presidente de los Estados Unidos. Pronto seguirán otros medios de noticias falsas”, sentenció el mandatario en su momento.
Cuestionamientos sobre el debido proceso
Durante la primera audiencia celebrada en Washington, el magistrado Kelly cuestionó duramente la forma en que el Ejecutivo retiró los pases de prensa. El juez señaló la falta de normativas claras previas y la ausencia de notificaciones oportunas antes de despojar a los comunicadores de sus acreditaciones oficiales.
“No sé cómo una carta que recibieron después de que se revocara el acceso podría proporcionarles los estándares que debían cumplir. Es un papel que recibieron diciéndoles: Ya han violado esto”, criticó abiertamente el juez Kelly durante el desarrollo de la sesión judicial en Washington.
Los medios damnificados detallaron que sus pases fueron retirados el 19 de septiembre, pero las autoridades no les informaron formalmente sobre los motivos de la sanción hasta tres días después, el 22 de septiembre, evidenciando un vacío procedimental que peso en la balanza judicial.
Disputa legal entre privilegios y derechos constitucionales
Por su parte, el Departamento de Justicia defendió las acciones del Ejecutivo a través del abogado Michael Velchik, quien argumentó que el mandatario posee la potestad de regular el acceso a las instalaciones presidenciales. “El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, aseveró Velchik ante el estrado, añadiendo que los demandantes debían conocer las restricciones sobre la publicación de información clasificada.
En contraparte, la defensa de los medios de comunicación, liderada por el abogado Theodore Boutrous, rechazó los argumentos de seguridad nacional esgrimidos tardíamente por el Gobierno, calificándolos como un intento de justificar una represalia política tras las críticas iniciales de Trump.
Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2022, Boutrous recordó que “las justificaciones del Gobierno para interferir con los derechos de la Primera Enmienda deben ser genuinas, no hipotéticas ni inventadas a posteriori como respuesta al litigio”. Los demandantes sostienen que la retirada de credenciales vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense al castigar la línea editorial de las coberturas periodísticas.
