Autorizan cesión de 36 hectáreas en el Mar de Cortés para multimillonario proyecto gasífero estadounidense
La administración federal otorgó una superficie de 36 hectáreas de zona marítima en el Mar de Cortés, específicamente en la región de Bahía Catalina, al sur de Guaymas, Sonora. El objetivo de esta disposición es facilitar la edificación de una planta privada destinada al procesamiento de gas natural licuado, impulsada por la compañía Amigo LNG, la cual opera como subsidiaria de la firma texana Epcilon LNG. Esta iniciativa contempla una inyección de capital calculada en 6 mil 800 millones de dólares con la finalidad de canalizar hidrocarburos desde el estado de Texas hacia distintas naciones del continente asiático.
Detalles contractuales y esquema de adjudicación
El convenio oficial quedó suscrito durante el mes de abril de 2025. La formalización corrió a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas en conjunto con la corporación beneficiada, utilizando un mecanismo de adjudicación directa que prescindió de una convocatoria abierta o licitación pública. El documento estipula un periodo inicial de vigencia de 18 años, con la alternativa de extender el plazo por un lapso idéntico. Asimismo, se establecieron contraprestaciones económicas fijadas en un 12 por ciento anual sobre la tasación del espacio marítimo, sumado a un cargo de 10 pesos por cada tonelada de combustible que sea manejada o procesada en el sitio.
Las proyecciones operativas de la planta apuntan a un rendimiento capaz de alcanzar los 3.7 millones de toneladas de gas anualmente. Dicho volumen operativo requerirá el tránsito constante de entre 50 y 60 embarcaciones metaneras de gran calado. Desde el ámbito oficial, la iniciativa ha recibido respaldo político; en su momento, la mandataria Claudia Sheinbaum puntualizó que el recurso energético extraído en Texas atravesará el territorio nacional para ser licuado y posteriormente comercializado en mercados internacionales por medio de la iniciativa privada.
Objeciones ecológicas y batalla jurídica
A pesar del impulso institucional, la obra enfrenta el rechazo frontal de diversos grupos ambientalistas, los cuales han externado su preocupación ante el impacto adverso que la infraestructura podría generar en la biodiversidad del Golfo de California. Derivado de estas demandas, un juzgado federal dictó una suspensión definitiva en torno a los permisos de impacto ambiental. Como resultado de esta medida judicial, las autorizaciones carecen temporalmente de validez legal para dar inicio a las labores de construcción mientras se desahogan los litigios correspondientes.
El clima de tensión se mantiene latente debido a que secciones clave de la documentación técnica se mantienen bajo reserva oficial, amparándose en criterios de seguridad nacional y energética. Colectivos civiles como Nuestro Futuro y Defensa Ambiental del Noroeste han alzado la voz para exigir mayor transparencia en los procedimientos, al tiempo que las instancias gubernamentales defienden la legalidad del acuerdo al argumentar que los contratos de cesión y las licencias ecológicas corresponden a trámites administrativos completamente separados.
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