Gobernadora de Chihuahua arremete contra el fallo de la Suprema Corte en materia electoral
La mandataria estatal, Maru Campos, lanzó severas críticas en contra de la reciente resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual invalidó los dispositivos legales de la reforma electoral en la entidad enfocados en frenar la injerencia de grupos delictivos en los comicios.
Un revés a los contrapesos locales contra el hampa
Durante su pronunciamiento, la jefa del Ejecutivo estatal sostuvo que este dictamen judicial priva al estado de “exactamente lo que a Morena le estorba para financiarse con dinero ilícito y usar delincuentes para manipular elecciones”, evidenciando una profunda confrontación institucional a raíz de esta determinación jurídica.
La funcionaria recordó que el Poder Legislativo del estado había aprobado modificaciones normativas diseñadas específicamente para invalidar procesos electorales donde se detectara la participación de estructuras delictivas. Asimismo, las reglas establecían la pérdida definitiva de la candidatura para cualquier aspirante que resultara beneficiado mediante recursos económicos de procedencia dudosa, intimidación o coacción armada.
Según detalló la gobernadora, dichas disposiciones contaron con el respaldo mayoritario de los legisladores locales, mientras que la bancada de Morena votó de manera sistemática en contra de estas restricciones.
Implicaciones directas en la contienda política
Uno de los puntos centrales de la denuncia radica en las consecuencias prácticas del fallo de la máxima tribuna del país. Bajo esta nueva perspectiva jurídica, un contendiente político que mantenga vínculos con el narcotráfico mantiene intactas sus posibilidades de postulación y cuenta con la vía libre para competir nuevamente “con las mismas armas” en caso de que los comicios deban celebrarse de nuevo.
No obstante, la mandataria reconoció y valoró el posicionamiento de la ministra Yasmín Esquivel, quien respaldó la propuesta original planteada por el estado de Chihuahua durante la discusión del pleno. A su juicio, la postura asumida por el partido guinda al oponerse a estos candados representa una confesión implícita de sus verdaderos intereses políticos y electorales.
Estrategia jurídica para restituir las medidas
A pesar de la inconformidad expresada por el gobierno estatal, Maru Campos confirmó que la administración a su cargo acatará formalmente la resolución emitida por los ministros, tal como mandata el marco legal vigente.
Sin embargo, advirtió que la batalla legal y legislativa no ha concluido. La titular del Ejecutivo aseguró que su administración buscará los mecanismos idóneos para restituir las disposiciones que fueron anuladas por el máximo tribunal, utilizando para ello las herramientas jurídicas disponibles, el respaldo del Congreso local y la participación activa de la ciudadanía.
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