Amnistía Internacional exige al Estado mexicano mayor seguridad para las madres y familiares buscadores
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han alzado nuevamente la voz para exigir al gobierno mexicano acciones contundentes frente a la crisis de violencia que enfrentan quienes participan en labores de localización de personas no localizadas. El posicionamiento surge como un respaldo directo a las recientes advertencias emitidas por diversos relatores y expertos de las Naciones Unidas, quienes alertaron sobre el clima de hostilidad permanente que padecen estas agrupaciones ciudadanas.
Graves riesgos y violencia extrema en el terreno
Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, la labor que realizan cotidianamente las familias se efectúa en un entorno de extrema vulnerabilidad. La organización recordó que la situación ha llegado a extremos intolerables donde las agresiones escalan hasta la desaparición forzada y el asesinato de buscadoras, delitos que agravan la crisis humanitaria que atraviesa el país.
En su investigación titulada Desaparecer otra vez, el organismo documentó un amplio catálogo de violencias institucionales y delictivas dirigidas contra estas personas. Entre los hallazgos principales destacan el desplazamiento forzado, la estigmatización sistemática y la revictimización por parte de diversas autoridades. Asimismo, se enfatizó que las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas o con antecedentes migratorios enfrentan barreras estructurales todavía más complejas para exigir justicia y recibir asistencia integral.
La crisis de seguridad en Sinaloa
Este pronunciamiento internacional se produce tras una serie de sucesos violentos documentados recientemente en el estado de Sinaloa. Entre los incidentes más alarmantes figuran la privación de la libertad de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, el atentado armado perpetrado en contra de Alma Rosa Rojo Medina y su núcleo familiar, así como el atropellamiento intencional o imprudencial sufrido por integrantes de un colectivo ciudadano durante una protesta pacífica desarrollada en el municipio de Mazatlán.
Ante este panorama, la representación de Amnistía Internacional exigió que las instituciones gubernamentales implementen mecanismos eficaces para garantizar que las ciudadanas puedan desempeñar sus labores de búsqueda en condiciones de seguridad, libres de amenazas, hostigamientos o procesos de criminalización. En el mismo sentido, los especialistas de la ONU puntualizaron que la obligación constitucional y legal de localizar a las víctimas recae de manera exclusiva en el Estado, por lo que condenaron que esta responsabilidad sea transferida de forma injusta a los hombros de los familiares.
La postura oficial del gobierno
Por su parte, el Gobierno de México emitió una respuesta en la que rechazó categóricamente la existencia de una política deliberada, un patrón estatal o una tendencia sistemática de desaparición forzada dirigida específicamente contra las personas defensoras de derechos humanos.
No obstante, la administración federal admitió públicamente la presencia de desafíos complejos y rezagos históricos en áreas críticas como las tareas operativas de búsqueda, las investigaciones ministeriales, los procesos científicos de identificación humana y las garantías efectivas para el acceso a la justicia de las víctimas indirectas.
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