Demandan explicaciones al Poder Ejecutivo local
Ante la preocupación por la protección de la infancia en la región, la diputada local Elizabeth Guzmán Argueta formalizó un exhorto dirigido al Gobierno de Chihuahua para que detalle los motivos por los cuales el territorio estatal quedó marginado de un acuerdo federal prioritario.
La controversia surge debido a que la administración estatal omitió adherirse al Manifiesto Nacional “Niñas Sí, Madres No”. Esta iniciativa interinstitucional, impulsada a nivel federal por la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), busca erradicar la violencia sexual contra la infancia y frenar la incidencia de maternidades tempranas.
Un pliego de cuestionamientos oficiales
Mediante un punto de acuerdo ingresado ante el Poder Legislativo local, la representante popular emplazó al secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, a responder un riguroso cuestionario compuesto por 11 interrogantes clave.
Dentro de los planteamientos, se exige esclarecer si mediaron obstáculos de carácter jurídico, administrativo o político para rechazar o ignorar la firma del documento. Asimismo, la legisladora requirió información sobre la posible implementación obligatoria de la denominada Ruta NAME en la totalidad de los 67 municipios que conforman la demarcación territorial.
El pliego también contempla exigencias de transparencia estadística, requiriendo los datos duros correspondientes a los años 2025 y 2026 en torno a la cantidad exacta de menores de 15 años en gestación, así como el número de expedientes que lograron una canalización efectiva a través de los protocolos de protección integral.
Panorama estadístico alarmante en la entidad
Para fundamentar su postura, la congresista puso sobre la mesa datos contundentes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de su estadística oficial de nacimientos.
Durante el transcurso de 2025, el estado documentó 226 alumbramientos en niñas cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 14 años. Esta dolorosa estadística posicionó a la entidad en el quinto lugar a nivel nacional por su tasa de natalidad en este sector etario tan vulnerable.
A esta problemática se añade una cifra masiva de 2 mil 924 nacimientos registrados en adolescentes cuyas edades comprendían el rango de los 15 a los 17 años, lo que evidencia una crisis persistente en materia de salud reproductiva y prevención.
Revisión de agendas institucionales y omisiones
La legisladora interpeló además al Ejecutivo estatal sobre la agenda desarrollada durante la visita oficial que realizó en agosto de 2026 la titular nacional del Sipinna, Lorena Villavicencio, cuestionando si durante dicho encuentro se debatió la implementación del manifiesto mencionado.
Adicionalmente, se pidió un informe detallado sobre las instrucciones giradas a dependencias estratégicas como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Deporte, la Fiscalía General del Estado y el DIF estatal, con el fin de conocer los protocolos de actuación ante casos de menores embarazadas.
Finalmente, el documento presentado el pasado 1 de octubre de 2026 exige que la administración estatal ratifique si respalda los principios del manifiesto y garantice que cada alumbramiento infantil sea investigado bajo la presunción de violencia sexual, evitando normalizar estos casos como simples maternidades.
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