Una denuncia que destapa graves negligencias institucionales
La revelación de expedientes disciplinarios internos ha sacudido los cimientos de la Universidad de Cornell, en Nueva York, tras destaparse una presunta violación en grupo ocurrida en octubre de 2024. La víctima, identificada judicialmente como Jane Doe, relató ante los investigadores que durante la agresión perpetrada en una fraternidad “se sentía como una presa” rodeada por individuos que actuaban “como leones a mi alrededor”. Estos documentos, integrados en una demanda civil presentada el 18 de septiembre contra la institución y siete antiguos alumnos, exponen un escenario alarmante donde las alertas iniciales fueron ignoradas por las autoridades locales.
A pesar de que la afectada acudió a la policía del campus tres semanas después de los hechos con un testimonio detallado, el fiscal del distrito decidió inicialmente no ejercer acciones penales. Esto obligó a que la única respuesta formal proviniera del ámbito administrativo universitario bajo la normativa federal del Título IX. Sin embargo, la gravedad de los testimonios recopilados en un informe de 99 páginas, producto de 50 entrevistas y 12 días de audiencias, ha provocado un giro drástico en la vía judicial y política del estado.
Intervención estatal y fuerte controversia política
Ante la deficiente gestión inicial, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para liderar una nueva indagatoria penal, tras retirar la confianza al fiscal local Matthew Van Houten. Durante una comparecencia pública, la mandataria cuestionó duramente la actuación de los cuerpos de seguridad: “¿En qué mundo la policía se enteraría por la víctima de que había sido violada en grupo y de que ella creía 100% que había sido violada, y no informaría de esas acusaciones al fiscal?”, expresó visiblemente indignada, tildando lo ocurrido de “fracaso” institucional.
La decisión gubernamental generó fricciones políticas inmediatas, siendo criticada abiertamente por Donald Trump debido a los antecedentes judiciales entre el expresidente y la fiscal general. Pese a las tensiones, la administración estatal ha reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y evitar que se encubran las responsabilidades. Por su parte, la defensa de uno de los estudiantes sancionados ha intentado anular las medidas disciplinarias impuestas por el comité universitario, introduciendo nuevos fragmentos de los interrogatorios que muestran las versiones contradictorias de los implicados.
Ketamina, chats de Snapchat y falta de consentimiento
Los detalles expuestos en la investigación revelan que la joven acudió a la residencia de la fraternidad Chi Phi invitada por un conocido. Aunque inicialmente aceptó mantener interacciones voluntarias, la demanda sostiene que fue inducida a consumir alcohol, marihuana y ketamina, sustancia que consumía por primera vez y que la sumió en un estado de “conciencia difusa”. En su declaración de mayo de 2025 ante el panel universitario, la víctima describió su grado de intoxicación asegurando que “pareces una persona en pleno funcionamiento […] pero no hay nadie en casa. Tu cerebro no está funcionando a su nivel adecuado”.
La situación escaló cuando varios hombres irrumpieron en la estancia tras recibir un mensaje en un grupo de Snapchat enviado a la 1:42 de la madrugada, donde se aludía vulgarmente a la disponibilidad física de la mujer. Mientras algunos de los presentes fueron acusados directamente de realizar actos sexuales sin consentimiento mientras ella se encontraba incapacitada, otros participantes negaron las imputaciones alegando que solo acudieron para verificar si todo marchaba bien. El comité disciplinado exoneró a algunos de los involucrados de agresión directa, pero sancionó a varios por intento de explotación sexual.
La demanda actual exige que los siete implicados respondan judicialmente por el delito de violación y busca una indemnización económica por los daños sufridos. Si bien la Universidad de Cornell se ha reservado los detalles específicos de sus resoluciones internas, confirmó que el proceso derivó en la expulsión de varios estudiantes, mientras que otros enfrentan medidas restrictivas obligatorias y programas formativos en prevención de acoso.
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