En el marco de sus actividades institucionales, la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, dio a conocer un conjunto de lineamientos morales enfocado en el servicio público. La mandataria enfatizó que todos los funcionarios públicos de CDMX tendrán la obligación formal de adoptar estas directrices para garantizar una administración transparente y cercana a la ciudadanía.
Durante una conferencia de prensa celebrada un lunes 5 de octubre, la titular del ejecutivo local subrayó que no puede haber transformación verdadera si no hay una nueva ética pública, marcando la pauta sobre el comportamiento que se espera de su equipo de trabajo.
La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, informó sobre la firma del Decálogo de Ética, Honestidad y Cero Corrupción, que a través de 10 ejes establece principios para fortalecer un servicio público más íntegro, transparente y cercano a la ciudadanía.
Trabajando con eficiencia, transparencia y cercanía, avanzamos hacia un gobierno que pone en el centro el bienestar de las y los capitalinos.
— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 5, 2026
Esta presentación ocurrió apenas un día después de que la funcionaria encabezara una asamblea informativa en que rindió cuentas por su Segundo Informe de Gobierno ante los habitantes de la metrópoli.
Durante su intervención, la gobernante recalcó la importancia de retomar los principios fundacionales de su administración en este segundo aniversario. Destacó que existe un compromiso irrenunciable con la honestidad, la austeridad y la lucha frontal contra la corrupción y los privilegios, valores que deben reflejarse en cada una de las dependencias locales.
Principios rectores para la administración capitalina
Dentro de los ejes principales dados a conocer, la jefatura de Gobierno estableció que el gobierno debe actuar con legalidad, integridad, eficacia y diligencia. Asimismo, se puntualizó una premisa fundamental sobre el erario: cada peso pertenece al pueblo y debe regresar al pueblo convertido en derechos, obras, servicios y bienestar.
Los lineamientos también priorizan la transparencia en la toma de decisiones y garantizan un buen trato a la ciudadanía, erradicando prácticas burocráticas del pasado y cualquier indicio de prepotencia o abuso de autoridad por parte de los trabajadores del Estado.
Obligatoriedad y alcance de la firma
Una vez concluida la exposición de motivos, la jefa de Gobierno y los integrantes de su gabinete procedieron a estampar su rúbrica en el documento oficial. Paralelamente, la mandataria giró instrucciones precisas a la Secretaría de la Contraloría General para que el instrumento sea firmado de manera obligatoria por todos los servidores públicos de confianza que laboran en la administración capitalina.
Ante este despliegue de rendición de cuentas, la gobernante reiteró que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar debemos comprometernos con estos principios, asegurando que el ejercicio gubernamental se mantenga bajo el escrutinio social y la rectitud institucional.
Los diez puntos del código ético capitalino
El Decálogo de Ética, Honestidad y Cero Corrupción está integrado por diez mandamientos específicos que regirán el actuar institucional:
- Derecho a la buena administración pública. Se fundamenta en el artículo 7 de la Constitución local, garantizando que la ciudadanía reciba atención fundamentada en la legalidad y el interés general.
- El presupuesto es sagrado. Se establece que los recursos públicos se destinan exclusivamente al bienestar social, prohibiendo desvíos hacia intereses particulares.
- Gobierno honesto, cero corrupción, cero impunidad. Quedan prohibidos estrictamente los sobornos, el influyentismo, el nepotismo y los conflictos de interés, considerando la privatización de espacios públicos como un acto grave de corrupción.
- Poder para servir, jamás para servirse. Se recuerda a los funcionarios que un cargo público no otorga privilegios, sino obligaciones irrenunciables con la población.
- Cero lujos, privilegios y ostentaciones. Se promueve la austeridad republicana bajo la premisa de destinar menos recursos al aparato gubernamental y más a las necesidades de la gente.
- Transparencia total para el buen gobierno. Se consolida el derecho ciudadano a conocer a detalle las acciones, los procesos y el destino del gasto público.
- Menos burocracia, más soluciones. Las instituciones deben operar con sencillez y agilidad para resolver las demandas ciudadanas sin trabas innecesarias.
- Buen trato. Se exige erradicar la discriminación, garantizando una atención respetuosa e incluyente para todas las personas.
- Gobernar para todas, todos y todes, poniendo en el centro a quienes más lo necesitan. Las políticas públicas priorizarán el cierre de brechas sociales, territoriales y de género bajo el principio de justicia distributiva.
- El servicio público es para transformar, no solo para administrar. Se define al poder como una herramienta de cambio social y mejora en la calidad de vida comunitaria, ajena a intereses de grupos políticos.
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