Anuncian acción legal por la escasez de fármacos oncológicos
Un bloque conformado por padres y madres de menores diagnosticados con cáncer confirmó que interpondrá formalmente una denuncia este miércoles 7 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los señalados en la querella son Andrés Manuel López Beltrán, conocido públicamente como “Andy”, y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, debido a su presunta vinculación con la crisis de desabasto de fármacos indispensables para los tratamientos oncológicos en el sistema de salud pública.
La movilización jurídica está encabezada por el Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, en colaboración con la Fundación Nicoatole A.C. y la organización De Corazón A.C. La cita para la presentación de los documentos legales está fijada para las 11:00 horas en la sede de la fiscalía federal situada en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes, en la capital del país.
Delitos graves y contratos bajo la lupa
De acuerdo con la información difundida por los colectivos civiles, el expediente que entregarán a las autoridades ministeriales contempla acusaciones por delitos de alta gravedad, entre los que destacan genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, además de cualquier otro ilícito que surja durante las indagatorias ministeriales correspondientes.
Los denunciantes argumentan que la falta sistemática de tratamientos provocó una interrupción fatal en las quimioterapias, estimando que más de 5 mil niñas y niños habrían perdido la vida a consecuencia de esta omisión institucional. No obstante, estas cifras y la vinculación directa entre el retraso de los suministros y los decesos deberán ser sustentadas y probadas fehacientemente ante el Ministerio Público.
Asimismo, la exigencia legal abarca la revisión exhaustiva de presuntos contratos irregulares, esquemas de adjudicación con evidente opacidad y la presunta participación de empresas catalogadas como fantasmas en la proveeduría de insumos médicos y fármacos especializados para hospitales públicos.
Exigen esclarecer responsabilidades institucionales
La acción judicial no se limita exclusivamente a las dos figuras mencionadas, sino que extiende el llamado a investigar a quienes resulten responsables dentro de la cadena de decisiones gubernamentales y comerciales. Corresponderá a la FGR evaluar los elementos probatorios aportados para decidir si se abre una carpeta de investigación formal y deslindar las responsabilidades penales pertinentes.
Una vez concluida la entrega de la querella ante las instancias federales, los representantes de las organizaciones ciudadanas ofrecerán una conferencia de prensa ante los medios de comunicación para detallar los fundamentos jurídicos de su demanda y reiterar sus exigencias para garantizar el derecho a la salud de la infancia mexicana.
Este nuevo capítulo pone nuevamente en el centro del debate público la crisis por la falta de abasto de medicamentos oncológicos y los procesos de compras consolidadas. Las autoridades ministeriales serán las únicas facultadas para investigar los hechos, recordando que hasta el momento se trata de acusaciones interpuestas por agrupaciones civiles y no de responsabilidades penales acreditadas mediante una sentencia firme.
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